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Cancelan registro de Construye por presunta infracción electoral; el movimiento atribuye la medida a acciones de Daniel Noboa

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En una sentencia de primera instancia, el juez Ángel Torres Maldonado del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha dictaminado la cancelación del registro del movimiento político Construye, tras una presunta infracción. La resolución, notificada este jueves 18 de abril de 2024, establece que la ejecución de esta medida debe ser comunicada al juez de instancia en un plazo máximo de 30 días desde la ejecutoria de la sentencia, la cual puede ser apelada ante el Pleno del TCE.

La sanción surge a raíz de una denuncia presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, por supuesta infracción electoral relacionada con el financiamiento de la política y el gasto electoral. Según la denuncia, Construye no presentó el informe económico de 2022 dentro del plazo establecido ni cuando se concedió una prórroga adicional de 15 días. Sin embargo, la lista 25 argumenta haber entregado el informe con cierto retraso.

María Paula Romo, líder de Construye, considera que estas acciones son maniobras o distracciones del Gobierno de Daniel Noboa, luego de que el partido rechazara participar en una alianza política que incluía al correísmo y al PSC en la Asamblea Nacional. Según la organización política, Noboa busca eliminarlos de la papeleta electoral de 2025, a pesar de que Construye ha experimentado un crecimiento sostenido, ganando 82 concejales en la elección seccional anterior y convirtiéndose en la segunda bancada legislativa más numerosa.

Además de la cancelación del registro, el juez del TCE ha impuesto una multa de 35 salarios básicos unificados (equivalente a USD 16,100) y la suspensión de los derechos políticos por dos años para el representante legal de Construye, Iván Raúl González.

El movimiento respaldó la candidatura presidencial de Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el 9 de agosto pasado durante la campaña electoral. Construye ha anunciado su intención de apelar la decisión del juez del TCE, argumentando que no ha violado ninguna norma, y planea acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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