Un juez concedió las medidas cautelares solicitadas por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en beneficio de las personas privadas de libertad.
El magistrado estableció un plazo de 15 días para que el Ministerio de Finanzas provea los fondos necesarios al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), garantizando así la continuidad sin contratiempos de los procesos de contratación de alimentos.
La audiencia tuvo lugar en la mañana del jueves 2 de mayo en el Complejo Judicial Norte. Durante la sesión, el magistrado escuchó los argumentos presentados por las organizaciones, mientras afuera se llevaba a cabo una manifestación en apoyo a la vida de las personas privadas de libertad, convocada por sus familiares.
Estos exigían al SNAI permitir la entrada de alimentos y medicinas a los centros de detención, argumentando que el Estado ha sido incapaz de garantizar y ha vulnerado los derechos fundamentales de salud, alimentación e integridad física y psicológica de los reclusos.
Los representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que, a pesar de los esfuerzos de los familiares por gestionar donaciones de alimentos para los centros de rehabilitación, estas no han podido ser entregadas en las cárceles, lo que ha impactado negativamente en la salud de la población penitenciaria.
Asimismo, se reafirmó que la privación de alimentos constituye una forma de tortura dentro de los centros de detención, por lo que se solicitó la adopción urgente de medidas cautelares para prevenir daños tanto en el presente como en el futuro.
Por otro lado, comparecieron los representantes del SNAI, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Procuraduría del Estado y la Defensoría del Pueblo. Desde el SNAI se aseguró que no ha habido escasez de alimentos en ninguna zona, aunque admitieron que el martes 30 de abril fue la última vez que la empresa de catering Laffattoria ingresó alimentos a la Zona 1 para su distribución.
A partir del 1 de mayo, esta empresa dejó de suministrar alimentos debido a la falta de pago por parte del Ministerio de Finanzas. La representante del SNAI destacó que, en los últimos dos días, el Ministerio ha coordinado con entidades pastorales e instituciones privadas para recibir donaciones.
En cuanto al Ministerio de Economía, su representante legal explicó que, debido a la crisis económica que atraviesa el país, los pagos a las diferentes entidades se están realizando de manera cronológica. Sin embargo, se solicitó que se rechacen las medidas cautelares debido a presuntas irregularidades en la entrega de alimentos por parte de Laffattoria.
Estos argumentos fueron rebatidos por los representantes de las cinco organizaciones presentes, quienes señalaron que la suspensión en la distribución no ocurrió el 30 de abril, como afirmó la representante del SNAI, sino que, según el presidente de Laffattoria, las cárceles de la Zona 1 quedaron sin alimentos entre el 15 y el 19 de abril.
Ahora, las personas privadas de libertad deberán esperar aún 15 días para que se reanude la distribución de alimentos en los centros. El juez determinó que el SNAI debe aceptar las donaciones gestionadas por los familiares y facilitar el ingreso de alimentos a los centros de rehabilitación.
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