Cada semana desde mediados de 2023, Carlos (nombre protegido), un comerciante del centro de Guayaquil, entregaba USD 15 a un grupo delictivo autodenominado Tiguerones.
Este pago se hacía bajo la pretensión de recibir un servicio de seguridad, aunque en realidad era una extorsión o “vacuna”, término que ha ganado popularidad en Ecuador, para evitar posibles ataques contra Carlos, su esposa y sus dos hijas.
El comercio, en funcionamiento desde 1999, era atendido por diferentes personas. A finales de marzo de 2024, Carlos denunció la extorsión ante una Unidad de Policía Comunitaria, aprovechando el impulso de la recién creada Fuerza de Investigación Contra la Extorsión (FICE) de la Policía Nacional.
El caso de Carlos es representativo de un fenómeno extendido. Desde el inicio de la crisis de seguridad en Ecuador en 2021, los casos de extorsión a empresas han aumentado considerablemente en el país.
Según información de inteligencia policial, este delito se ha convertido en la principal fuente de financiamiento para las bandas narcodelictivas, que compiten por el control del narcotráfico y el microtráfico.
El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) llevó a cabo un estudio para entender la magnitud de este problema, encuestando a 458 empresarios de diversos sectores en Costa, Sierra y Amazonía.
Los resultados de la encuesta realizada en 2023 muestran que tres de cada diez empresas ecuatorianas fueron víctimas de extorsión, y cuatro de cada diez no reportaron el incidente, siguiendo el patrón observado en el caso de Carlos. Las pequeñas empresas son particularmente vulnerables, siendo el 38% de los empresarios consultados por el OECO víctimas de extorsión en el último año.
Un agente de la FICE confirmó esta tendencia, explicando que las bandas tienden a dirigirse a negocios pequeños debido a su falta de medidas de seguridad y a un menor riesgo de denuncia.
Según el OECO, el 75% de las víctimas de extorsión ha sido amenazado en más de una ocasión, utilizando diversas formas de contacto como llamadas, medios electrónicos y visitas personales. Además de la extorsión, las empresas también enfrentan otros delitos como secuestro, vandalismo, estafa y robo.
La incidencia de la extorsión ha aumentado significativamente en Ecuador, aunque sigue siendo uno de los delitos menos denunciados.
Datos de la Fiscalía revelan un incremento considerable, con 21.811 denuncias de extorsión solo en 2023, en comparación con las 862 denuncias de 2019, lo que representa un aumento del 2.430%. Este incremento fue especialmente notable en 2023.
Entre 2019 y 2023, las extorsiones aumentaron en 18 de las 24 provincias del país, especialmente en la Amazonía. Durante el último año, Guayas, Pichincha, Esmeraldas y Los Ríos fueron las provincias con mayor número de casos.
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