El presidente Daniel Noboa vetó totalmente la reforma al Código de la Función Judicial, aprobada por la Asamblea Nacional apenas dos días antes. La controversial propuesta, que modifica 25 artículos y surge del análisis de cuatro iniciativas distintas, había sido aprobada en segundo debate con el respaldo de la Comisión de Justicia presidida por el correísta Fernando Cedeño.
El oficialismo se opuso a la reforma desde su etapa de comisión, argumentando que ciertas alianzas en el Legislativo buscaban “esconderse tras el velo de la impunidad”. Según el Gobierno, el veto total es una medida para garantizar “un sistema de justicia transparente y sin impunidad”.
Debido a esta decisión del Ejecutivo, las reformas quedarán suspendidas durante un año, periodo en el cual la Asamblea no podrá volver a tratarlas. Pasado este plazo, los legisladores podrán decidir el futuro de la normativa en un nuevo debate.
“La reforma no permitirá las artimañas de los mismos de siempre, que quieren usar el sistema de justicia para beneficiar a quienes están del lado de la corrupción, la narcopolítica y la delincuencia”, afirmó la Secretaría de Comunicación.
Entre los cambios aprobados el 21 de mayo, con 92 votos, se incluía una disposición específica para los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ). Según el artículo, en caso de que un vocal esté en prisión preventiva o arresto domiciliario, podría solicitar una licencia sin sueldo, manteniendo el fuero de Corte pero siendo sustituido provisionalmente por un suplente. Esta norma hubiera permitido que vocales como Wilman Terán y Xavier Muñoz, implicados en los casos Independencia Judicial y Metástasis, respectivamente, no tuvieran que renunciar al dictárseles prisión preventiva.
Con el veto presidencial, esta y otras disposiciones no entrarán en vigor, dejando en suspenso cualquier modificación al actual Código de la Función Judicial.
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