El 9 de julio de 2024, la Ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de derogatoria del Capítulo III de la Ley de Apoyo Humanitario, implementado al inicio de la pandemia de COVID-19. Este capítulo introdujo el contrato especial emergente, permitiendo flexibilizar las jornadas de trabajo.
Estos contratos pueden ser terminados en cualquier momento por el empleador o el empleado, sin recargos adicionales, con una duración de 1 día a un año y posibilidad de renovación por otro año. Debido a la crisis económica y la caída del consumo en 2024, las empresas han incrementado el uso de estos contratos de corta duración.
La Ministra Núñez destacó que esta modalidad ha provocado inestabilidad laboral y pidió su eliminación. Argumentó que, aunque fueron creados para asegurar la producción y el ingreso durante la emergencia sanitaria, ya no son necesarios y no se alinean con las garantías constitucionales de estabilidad laboral y empleo adecuado.
La derogatoria propuesta asegura que los contratos vigentes se mantendrán hasta su término, pero no podrán renovarse. Además, permitirá retornar a las jornadas laborales habituales, garantizando una remuneración justa para los empleados.
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