El presidente Daniel Noboa ha establecido que los municipios desempeñarán un papel complementario en materia de seguridad, según lo dispuesto en el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, vigente desde el 11 de julio mediante el Decreto Ejecutivo 327, que reemplaza la normativa anterior de 2009.
En el primer capítulo del documento, que consta de ocho páginas y 26 artículos, el mandatario identifica como entidades de apoyo de la Defensa Nacional a aquellas instituciones que cuenten con recursos humanos, materiales y tecnológicos para enfrentar amenazas de agresión externa inminente o disturbios internos graves.
El gobierno solicitó la colaboración de los gobiernos seccionales el 8 de enero de este año en la lucha contra las organizaciones criminales. En abril, la ministra del Interior, Mónica Palencia, anunció en una reunión con alcaldes y prefectos una iniciativa para guiar a los municipios en la elaboración de planes de seguridad destinados a combatir el crimen organizado en sus respectivos territorios.
Según datos del Bloque de Seguridad, la colaboración ha sido insuficiente para contener la violencia criminal, especialmente en cantones como Durán, Guayaquil, Quevedo, Machala y Camilo Ponce Enríquez, donde persisten problemas graves de homicidios.
Además, el presidente ha regulado la creación de Fuerzas de Tarea Conjunta integradas por militares y policías para enfrentar a las organizaciones criminales. Estas fuerzas serán temporales, aunque no se especifica la duración, y tendrán objetivos específicos.
El nuevo reglamento reafirma que la Policía actúa como una fuerza auxiliar subordinada al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante estados de excepción y emergencia. Noboa ha dado un plazo de sesenta días al Ministerio de Defensa para que emita instrucciones y normativa secundaria que definan la participación de los municipios en las labores de seguridad.
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