El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite la denuncia interpuesta por Juan Esteban Guarderas contra la vicepresidenta Verónica Abad.
En un comunicado, el TCE informó que la audiencia oral única de pruebas y alegatos se realizará el próximo 15 de agosto a las 10:30 en el auditorio del tribunal en Quito. En el escrito de resolución, se especifica que “si la denunciada no comparece en el día y hora señalados, y no justificare su inasistencia”, la audiencia “se llevará a cabo en rebeldía” y su defensa será asumida por un defensor público. En caso de que el denunciante no compareciere, su ausencia se entenderá como abandono de la denuncia.
Verónica Abad actualmente reside en Israel, donde funge como embajadora de paz desde diciembre de 2023.
Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), presentó la demanda por una supuesta irregularidad en las elecciones locales de febrero del año pasado, cuando Abad se presentó como candidata a alcaldesa de Cuenca. Según Guarderas, Abad hizo campaña electoral fuera del periodo establecido, una acusación que la vicepresidenta ha calificado de “ridícula”.
La normativa electoral establece que todo trámite en el TCE requiere el patrocinio de un abogado. Guarderas presentó un escrito para este fin, pero el abogado negó haber suscrito el documento completo.
Si Abad es sancionada, se le retirarían los derechos políticos, impidiéndole ejercer cualquier cargo público.
Abad, quien mantiene un conflicto con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha cuestionado la denuncia de Guarderas, acusándolo de visitar frecuentemente la Presidencia. La vicepresidenta también ha reiterado que enfrenta hostigamiento por parte de Noboa y su gobierno para forzarla a dimitir y evitar así delegarle funciones presidenciales si el mandatario decide buscar la reelección en los comicios de 2025.
A inicios de julio, Noboa sugirió que Abad renunciaría por cuenta propia. Además, el 15 de junio, la Asamblea Nacional negó levantar la inmunidad de Abad para ser investigada por la Fiscalía por un posible delito de concusión, un caso que ella considera un acto de presión política.
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