El Gobierno ecuatoriano ha anunciado este 21 de julio que se implementará un acompañamiento militar en las áreas naturales protegidas del país, como respuesta a la creciente amenaza del crimen organizado que afecta a los guardaparques. Esta decisión surge tras las denuncias de la Asociación de Guardaparques sobre incidentes de violencia, robos e intentos de secuestro.
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en coordinación con los ministerios de Defensa Nacional e Interior, ha decidido fortalecer la seguridad en las áreas protegidas mediante el despliegue de personal militar y naval. Este acompañamiento se ajustará a las necesidades específicas de cada territorio.
Además, se introducirá un programa de capacitación adaptado a los desafíos actuales, y se incrementarán los recursos para el control y vigilancia, incluyendo nuevos vehículos, GPS, drones y otros equipos.
El Ejecutivo también impulsará la mejora en la gobernanza y organización de las áreas protegidas, con un enfoque en el relacionamiento comunitario y la creación de protocolos de seguridad. Se establecerán mecanismos financieros innovadores para asegurar la sostenibilidad y gestión de estos espacios.
Los guardaparques han enfrentado graves amenazas, principalmente debido a la incursión de grupos delincuenciales involucrados en minería y tala ilegal, tráfico de flora y fauna, y invasiones de tierra. Estas actividades no solo ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores, sino que también afectan la integridad del medio ambiente.
El 3 de julio, la Asociación de Guardaparques solicitó al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica una respuesta urgente y coordinación con el Ministerio de Defensa para abordar la situación. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) también ha expresado su preocupación, alertando sobre cómo el crimen organizado está afectando gravemente las áreas protegidas, contribuyendo al financiamiento de actividades ilícitas.
Ecuador, que actualmente enfrenta una alta tasa de homicidios, con 47.2 por cada 100,000 habitantes en 2023, ha visto un aumento en la violencia relacionada con el narcotráfico y la minería ilegal. El presidente Daniel Noboa ha clasificado la lucha contra el crimen organizado como un “conflicto armado interno”, reconociendo el grave impacto de las bandas criminales en la seguridad nacional.
La intervención militar en las áreas naturales protegidas es una medida crítica para garantizar la seguridad de los guardaparques y la preservación del medio ambiente en un contexto de creciente violencia y actividad criminal.
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