El Gobierno Nacional ha declarado que el cierre del bloque petrolero ITT en el Parque Nacional Yasuní, como fue ordenado en la consulta popular del 20 de agosto de 2023, no se realizará en el plazo de un año, como esperaba la ciudadanía. En su lugar, el cierre completo podría extenderse hasta 13 años.
El Ejecutivo presentó a la Corte Constitucional un documento de 304 páginas en el que se analizan tres posibles escenarios para el cierre del bloque ITT. El primer escenario, que proponía un abandono inmediato de la explotación petrolera, fue descartado por considerarse inviable. El segundo escenario contempla la declinación natural de la producción, lo que implicaría un cierre en un plazo de 13 años. El tercer escenario, considerado el más viable por el Gobierno, propone un cierre gradual de los pozos en un plazo de cinco años y cinco meses, es decir, hasta noviembre de 2029.
El informe revela que optar por el cierre gradual en cinco años y cinco meses resultaría en una pérdida de ingresos para el Estado de USD 2.460 millones, con un costo de cierre de USD 1.345 millones. Sin embargo, este plan permitiría al país generar ingresos adicionales de USD 1.120 millones durante el periodo restante de explotación en el Yasuní.
Por otro lado, la empresa estatal Petroecuador estima que la suspensión de las operaciones en el ITT significará una pérdida de ingresos de más de USD 16 mil millones hasta 2034, que es el tiempo de vida útil estimado para el campo. Este escenario también contempla la necesidad de implementar mecanismos seguros para el cierre de los pozos, lo que incluiría la instalación de dos torres para el taponamiento.
El plan presentado por el Gobierno prevé el cierre de los 261 pozos en producción en el bloque ITT. Durante 2024, se cerrarán 10 pozos, seguidos de 48 pozos cada año durante los próximos cuatro años, y los últimos 44 pozos se cerrarán en el quinto año. Sin embargo, se advierte que la reparación ambiental completa del área podría tomar al menos 11 años adicionales.
El Gobierno ha solicitado una audiencia ante la Corte Constitucional para explicar en detalle su plan de cierre y ha invitado a los miembros de la corte a sobrevolar el bloque o visitarlo personalmente. El presidente Daniel Noboa, quien firmó el documento, ha asegurado que el Gobierno está comprometido a cumplir con el mandato de la consulta popular, pero destaca que el proceso no podrá completarse en un plazo tan corto como se esperaba inicialmente.
Este plan ha generado un debate sobre las implicaciones económicas y ambientales del cierre del bloque ITT, y las decisiones tomadas en este proceso serán fundamentales para el futuro del Yasuní y del sector petrolero en el Ecuador.
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