La administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa enfrenta una nueva ola de críticas luego de que una investigación revelara que Petroecuador, la empresa estatal de petróleo, adjudicó un contrato millonario a una compañía vinculada a Isabel Noboa Pontón, tía del mandatario. Esta situación ha generado un intenso debate y acusaciones de corrupción y conflictos de interés.
De acuerdo con la investigación realizada por Radio Pichincha, Petroecuador adjudicó contratos por un total de USD 90,4 millones para la provisión de 100,5 millones de litros de etanol anhidro. Entre las empresas beneficiadas se encuentra Codana S.A., que se habría adjudicado 21 millones de litros por un valor de USD 18,9 millones. Codana S.A. está vinculada a Isabel Noboa Pontón, lo que ha levantado sospechas y críticas sobre posibles tratos preferenciales y conflictos de interés.
El exministro del Interior y excandidato presidencial, José Serrano, fue uno de los primeros en reaccionar, acusando a Daniel Noboa de continuar favoreciendo a su familia con contratos estatales. “Parece que ahora le toca a Petroecuador ser el centro de negocios familiares adjudicados a dedo”, expresó Serrano.
Por su parte, la exasambleísta Mireya Pazmiño denunció el uso de empresas públicas para beneficiar a amigos y familiares del presidente. “Es hora de detener el abuso y la corrupción que favorece a unos pocos a costa del país”, señaló.
Sofía Espín, asambleísta por la Revolución Ciudadana, también criticó duramente la situación. “El nuevo Ecuador de los Noboa está más próspero que nunca para ellos, mientras que la mayoría de los ecuatorianos enfrenta una realidad de temor, dolor y crisis”, afirmó. Espín no descartó que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inicie una investigación exhaustiva sobre estos contratos.
El abogado Joffre Campaña sumó más detalles al señalar que Isabel Noboa podría ser la propietaria de Codana S.A., lo que constituiría una violación al artículo 62 de la Ley de Contratación Pública. Este artículo prohíbe a los parientes de dignatarios, funcionarios y servidores públicos, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, celebrar contratos con entidades públicas.
“Si se confirma la participación de Isabel Noboa, estaríamos ante una violación flagrante de la ley. ¿Habrá alguna entidad dispuesta a investigar?”, cuestionó Campaña en su cuenta de X, adjuntando el reportaje de Radio Pichincha que detalla el contrato.
Este no es el único caso en el que se cuestionan los vínculos de la familia Noboa con contratos estatales. Recientemente, se conoció que el consorcio El Ordeño-Fortesan, del que forma parte Agroindustrias San Esteban, una empresa con accionistas relacionados a la familia Noboa, ganó un contrato por USD 17,6 millones para la provisión de desayunos escolares. Aunque El Ordeño negó cualquier irregularidad, las críticas no han cesado.
Otro escándalo involucró la adjudicación directa del contrato para el alquiler de una barcaza eléctrica a la empresa turca Karpowership por parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Este proceso también ha sido cuestionado por presunto tráfico de influencias, lo que llevó a la presentación de una denuncia contra altos funcionarios de Celec.
La creciente cantidad de casos que involucran a la familia Noboa en contratos con el Estado ha intensificado las críticas hacia el gobierno de Daniel Noboa. Las denuncias de favoritismo y posibles violaciones legales plantean serias preocupaciones sobre la transparencia y ética en la administración pública. La ciudadanía y las figuras políticas exigen respuestas claras y acciones concretas para garantizar que los intereses nacionales prevalezcan sobre los personales.
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