En una medida contundente para enfrentar la creciente amenaza de la delincuencia y el terrorismo en el país, el presidente Daniel Noboa emitió un Decreto Ejecutivo que ordena a las fuerzas del orden, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, abatir a terroristas y delincuentes en situaciones específicas. La normativa incluye la modernización de los manuales que regulan el uso legítimo de la fuerza, adaptando las estrategias operativas para enfrentar las nuevas técnicas empleadas por los grupos criminales.
Según el artículo 2 del Decreto Ejecutivo, se autoriza el uso de armas de fuego con munición letal o de impacto cinético en los siguientes casos:
- En defensa propia o de otras personas: Cuando exista amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves, tanto para los agentes del orden como para civiles.
- Para evitar la comisión de un delito: En situaciones que representen una amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves.
- Detención de personas peligrosas: Cuando una persona que representa una amenaza o peligro inminente de lesiones graves oponga resistencia a la autoridad.
- Impedir la evasión o fuga: En el caso de personas que, tras cometer un delito, representen una amenaza o peligro inminente y traten de escapar.
El presidente Noboa subrayó que esta medida busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a la violencia y el terrorismo que han afectado al país en los últimos años. “Modernizar nuestras estrategias operativas es esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos. No permitiremos que el miedo gobierne nuestras calles”, afirmó.
Con este decreto, el gobierno ecuatoriano busca frenar la escalada de violencia y enviar un mensaje claro a los grupos criminales de que no habrá tolerancia hacia sus actividades delictivas. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ahora con herramientas legales más robustas, se preparan para enfrentar estos desafíos con renovada determinación y con el respaldo del marco jurídico actualizado.
La medida ha generado reacciones mixtas entre la población y los expertos en seguridad, quienes debaten sobre los posibles impactos en la seguridad y los derechos humanos. Mientras tanto, el gobierno se mantiene firme en su postura de que la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos es una prioridad que justifica el endurecimiento de las políticas de seguridad.
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