Se están llevando a cabo mesas de trabajo para evaluar la solicitud de revisión de la tasa de interés de los créditos hipotecarios del programa de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés público (VIP). Estos préstamos, que ofrecen una tasa preferencial del 4,99%, han facilitado la adquisición de viviendas a miles de familias, sin embargo, la posible modificación de las condiciones actuales podría impactar tanto a futuros como a actuales beneficiarios.
Actualmente, estos créditos se benefician de una tasa subsidiada por el Estado, permitiendo que los compradores adquieran viviendas nuevas con una entrada del 5% y a un plazo de 25 años. Este programa fue creado en 2019 para aumentar el acceso a la vivienda y dinamizar el sector de la construcción. La tasa regular de los créditos hipotecarios, que oscila entre el 10,59% y el 11,54%, convierte al 4,99% en la más baja del mercado gracias al subsidio estatal.
Sin embargo, las entidades financieras que participan en este programa han solicitado una revisión de las condiciones, argumentando que la tasa actual del 4,99% no les genera la rentabilidad necesaria. Estas entidades proponen un aumento de dos puntos porcentuales, lo que elevaría la tasa para los clientes finales al 6,99%. Según su planteamiento, las instituciones financieras privadas recibirían un 11% de interés fijo, en lugar del 9% actual.
Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, manifestó su desacuerdo con este incremento, advirtiendo que afectaría tanto a los nuevos compradores como a los que ya han adquirido viviendas bajo el programa. Proaño estima que alrededor de 40,000 familias, que desde 2019 se han beneficiado del crédito al 4,99%, tendrían que ajustar sus cuotas en un 20%, aumentando significativamente su carga financiera.
El aumento propuesto no solo afectaría a los compradores actuales y futuros, sino también a las precalificaciones de crédito y promesas de compra-venta de viviendas en proyectos aún en construcción. Este ajuste implicaría una reevaluación de la situación financiera de los clientes, complicando el acceso a viviendas más costosas.
Además, el sector de la construcción también podría verse afectado, ya que una disminución en el número de clientes potenciales generaría incertidumbre en las inversiones, lo que, a su vez, repercutiría en el empleo y la economía en general.
Constructores Positivos propone una alternativa que evitaría subir la tasa de interés: incrementar temporalmente el porcentaje de subsidio estatal. En lugar del 32% del monto del crédito, proponen que el Estado cubra el 48%, mejorando así la rentabilidad para las entidades financieras sin afectar directamente a los ciudadanos.
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) aún no ha tomado una decisión final, pero su objetivo es encontrar una solución que no perjudique a los beneficiarios del programa. La cartera busca maximizar el alcance del programa y continuar ayudando a las familias que más lo necesitan.
De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (SRI), las ventas del sector inmobiliario han disminuido un 3,5% en la primera mitad de 2024, con ventas de 1,448 millones de dólares, frente a los 1,500 millones registrados en el mismo periodo de 2023. Este retroceso en las ventas refleja las dificultades que enfrenta el sector, lo que subraya la importancia de las políticas públicas que apoyen tanto a los compradores de vivienda como a la industria de la construcción.
El programa de vivienda de interés social y público ha sido una herramienta fundamental para fomentar el acceso a la vivienda y sostener la actividad constructora, un sector clave para la economía ecuatoriana. Sin embargo, cualquier cambio en sus condiciones deberá ser cuidadosamente analizado para no comprometer sus objetivos iniciales.
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