El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), acusó al actual mandatario, Luis Arce, de iniciar una “persecución judicial” en su contra tras hacerse pública una investigación que lo vincula con un caso de trata de personas y violación de una menor de edad. Este 4 de octubre de 2024, Morales aseguró que el gobierno de Arce ha abandonado la resolución democrática de sus diferencias y ha optado por el uso del sistema judicial como herramienta política.
Conflicto en el MAS
La relación entre Arce y Morales, ambos líderes del Movimiento al Socialismo (MAS), se ha deteriorado desde 2021 debido a una pugna por el control del partido y por la candidatura presidencial para las elecciones generales de 2025. Morales afirmó que estas acusaciones judiciales son parte de un esfuerzo concertado para marginarlo políticamente.
“El gobierno de Luis Arce ha renunciado a resolver nuestras diferencias de forma democrática y ha decidido usar el sistema judicial para perseguirme”, afirmó Morales en una publicación en la red social X (anteriormente Twitter).
Las acusaciones
El caso judicial involucra la supuesta violación de una menor de 15 años, quien, según las denuncias, habría sido víctima de una red de jóvenes organizada por Morales, conocida como “Generación Evo”, que presuntamente facilitaba el acceso a adolescentes durante su mandato. El ministro de Justicia, César Siles, aseguró que la víctima habría dado a luz a una niña y que Morales figura como padre en el certificado de nacimiento.
Siles también detalló que los padres de la menor habrían sido “obligados” a facilitar el acceso de Morales a la joven a cambio de favores políticos. La gravedad de las acusaciones ha generado un intenso debate en Bolivia, particularmente dentro del gobierno.
“Ese caso no se toca”
El caso adquirió mayor notoriedad cuando la fiscal Sandra Gutiérrez, quien lideraba la investigación en Tarija, denunció haber sido despedida poco antes de emitir una orden de captura contra Morales. Según Gutiérrez, la decisión de apartarla del caso vino directamente del fiscal general, Juan Lanchipa, quien habría señalado que “ese caso no se toca”. La remoción de Gutiérrez ha suscitado críticas dentro del propio gobierno, y varios ministros cercanos a Arce han exigido explicaciones.
Tras estas declaraciones, la denuncia de trata de personas se filtró a los medios, lo que intensificó el escrutinio público sobre Morales y su entorno. El presidente Arce solicitó que el caso se mantuviera en reserva, argumentando que debía evitarse la politización del proceso y proteger la integridad de la víctima.
Negación de Morales
En respuesta, Morales desestimó las acusaciones y aseguró que el caso ya había sido investigado y cerrado sin encontrar evidencia en su contra. “No puedo entender cómo el ministro de Justicia puede hablar de un caso que está cerrado. Esto es una mentira para desacreditarme”, señaló Morales en una conferencia de prensa desde Cochabamba.
El expresidente insistió en que el uso del sistema judicial en su contra es una muestra de la falta de legitimidad del gobierno de Arce, al que acusó de utilizar “el abuso judicial” como única herramienta política. También reiteró que las denuncias en su contra son parte de una campaña de desprestigio para evitar su candidatura en las próximas elecciones.
Movilización de Morales y ultimátum a Arce
El conflicto entre ambos líderes escaló cuando Morales encabezó una marcha de más de 180 kilómetros hacia La Paz a finales de septiembre, movilizando a miles de sus seguidores en un acto de demostración de fuerza. Al concluir la marcha, Morales lanzó un ultimátum a Arce, exigiendo la destitución de varios ministros a los que calificó de “corruptos, narcos y drogos”. Según el exmandatario, estos funcionarios están dañando la imagen del gobierno y deben ser removidos si Arce quiere mantenerse en el poder.
Consecuencias políticas
Las acusaciones contra Morales y la pugna interna dentro del MAS plantean un desafío para el partido de cara a las elecciones de 2025. La creciente división entre Arce y Morales amenaza con fragmentar la base de apoyo del oficialismo, mientras los dos líderes luchan por el control del partido y la candidatura presidencial.
Por un lado, los aliados de Morales sostienen que las acusaciones son parte de una “guerra sucia” impulsada por Arce para eliminarlo como competidor. Por otro, desde el gobierno se argumenta que las denuncias deben ser investigadas de manera imparcial, sin interferencias políticas, pero con seriedad, debido a la gravedad de los cargos.
El desenlace de este enfrentamiento definirá no solo el futuro del MAS, sino también el curso político de Bolivia en los próximos meses.
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