Ecuador enfrenta una grave crisis en su sistema judicial, donde el narcotráfico ha extendido su influencia, corrompiendo a jueces, abogados y funcionarios públicos. El sistema de justicia, que durante décadas estuvo al servicio de los poderes políticos, ha caído ahora en las manos del crimen organizado, agravando la inseguridad y la impunidad en el país.
Testimonios y casos recientes, como el denominado Metástasis, revelan que las decisiones judiciales podían comprarse por hasta 100 mil dólares, permitiendo que narcotraficantes y líderes criminales operen con total libertad. Este caso ha salpicado a figuras clave del sistema judicial, como los jueces Emerson Curipallo y Ángel Lindao, que favorecieron a Leandro Norero, un reconocido líder del narcotráfico. Además, el exasesor de Wilman Terán, quien presidió la Corte Nacional de Justicia (CNJ), también fue implicado en este escándalo.
El problema no se limita a las altas cortes. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), el 60% de los casos judiciales relacionados con el crimen organizado comienzan por flagrancia, evidenciando la falta de investigación profunda y la facilidad con la que el narcotráfico puede corromper a la justicia. Además, la mayoría de los casos se resuelven mediante procedimientos abreviados, lo que reduce drásticamente las penas, permitiendo que criminales cumplan solo dos o tres años de condena por delitos graves.
El caso Metástasis también involucra a figuras políticas. El expresidente de la CNJ y actual candidato presidencial, Iván Saquicela, y el juez Felipe Córdova, fueron acusados de recibir sobornos por fijar audiencias, aunque ambos han negado las acusaciones y ofrecido comparecer ante la Fiscalía.
Esta situación de corrupción y manipulación en el sistema judicial no es nueva. Desde los años 80, Ecuador ha sido testigo de intervenciones políticas en la justicia, como el “Pacto de la regalada gana” de Abdalá Bucaram o la “Pichi Corte” de Lucio Gutiérrez, debilitando la institucionalidad y facilitando la entrada del crimen organizado.
Los analistas coinciden en que, mientras los concursos para designar jueces y fiscales continúen bajo la sombra de la influencia política y el narcotráfico, la justicia ecuatoriana seguirá siendo presa fácil de la corrupción, dejando al país expuesto a mayores niveles de violencia y criminalidad.
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