Patricio Carrillo, el general en servicio pasivo y asambleísta electo por el movimiento Construye (lista 25), ha respondido enérgicamente a la acción de protección interpuesta por asambleístas electos del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) en un intento por evitar su posesión como asambleísta nacional.
El argumento presentado por los miembros de RC se basa en la supuesta inhabilitación de Carrillo para ejercer cargos públicos, debido a su censura en un juicio político que tuvo lugar este año en la Asamblea Nacional. Además, argumentan que el Ministerio del Trabajo ha certificado impedimentos legales para que el exministro del Interior asuma cargos públicos.
Carrillo ha calificado esta acción como una “persecución política” que se originó durante el juicio político en el que participó el exasambleísta Peter Calo, quien según Carrillo, tenía afinidades con los movimientos involucrados en los paros de octubre de 2019 y junio de 2022. También señaló que considera esta acción como una represalia de actores políticos vinculados con la minería ilegal y el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
El líder de Construye insistió en que su movimiento ha estado bajo un constante ataque y que esta acción de RC busca desconocer la representación democrática de los 1,7 millones de personas que respaldaron a la lista 25 en las elecciones.
Carrillo hizo un llamado a que sus opositores empleen la misma energía para exigir que aquellos prófugos y personas que aún no han devuelto lo que se les reclama por sentencia, se presenten en el país. Además, enfatizó que “los grandes problemas del Ecuador no se van a resolver generando conflictos políticos”.
El abogado defensor de Carrillo, Ramiro García, destacó que responderán a esta acción en las instancias legales correspondientes. García explicó que el juicio político contra Carrillo no convierte a la Asamblea Nacional en un órgano jurisdiccional, y por lo tanto, “no puede considerarse que esta sanción impida el ejercicio de un cargo de elección popular”. Además, recordó que Ecuador es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece una clara distinción entre cargos públicos y cargos de elección popular, y que esta diferencia debe respetarse según los parámetros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La controversia sobre la posesión de Patricio Carrillo como asambleísta nacional seguramente continuará en los próximos días, mientras ambas partes defienden sus argumentos en los tribunales y hacen valer sus posiciones en el ámbito político.
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