En una resolución que ha generado un profundo impacto en el ámbito político y judicial del país, la Corte Constitucional ha tomado la decisión de destituir al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Alembert Vera, y al coordinador general de asesoría jurídica del mismo organismo, Ismael Merizalde. La resolución fue anunciada este viernes en una audiencia que se instaló en horas de la tarde.
La resolución de la Corte Constitucional se produce en el contexto de una fase de seguimiento que se inició después de que un juez de Montecristi ordenara la conformación de una veeduría ciudadana para fiscalizar la designación de los jueces de la propia Corte Constitucional. En esta audiencia, Alembert Vera explicó las causas que llevaron a la creación de esta veeduría ciudadana, la cual tenía como objetivo evaluar las actuaciones del Consejo Transitorio, entidad presidida por Julio César Trujillo.
En sus declaraciones durante la audiencia, Vera dejó en claro que no existió ninguna intención de destituir a ninguna autoridad, incluyendo a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar. Expresó que el Cpccs no tenía la competencia jurídica para revisar la designación de la Corte Constitucional ni para realizar acciones de remoción, cambio o reemplazo de sus miembros.
La resolución de la Corte Constitucional también dispone continuar con la evaluación y determinación de la responsabilidad por el incumplimiento de dictamen a seis consejeros del Cpccs, lo que agrega un elemento adicional de incertidumbre en el escenario político.
Esta decisión de la Corte Constitucional ha generado reacciones encontradas en la opinión pública y en los círculos políticos del país. Se espera que en los próximos días se produzcan más detalles sobre las razones detrás de esta destitución y su impacto en el sistema de control social y participación ciudadana en Ecuador.
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