Mediante un decreto ejecutivo, el presidente Noboa ha instruido al presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) a llevar a cabo un análisis exhaustivo sobre los procedimientos necesarios para la extinción y liquidación de esta entidad. Se otorga un plazo de un mes para completar este estudio y comunicar los hallazgos a la presidencia de la República.
EMCO, creada en 2015 con el propósito de administrar de forma centralizada los negocios estatales, actualmente supervisa las operaciones de 12 empresas públicas en el país, entre las que se encuentran Petroecuador, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Astilleros Navales Ecuatorianos y otras.
Con una plantilla de 56 empleados, EMCO registra un gasto anual en remuneraciones de alrededor de $1’557.990. Esta medida responde a una promesa de campaña de Noboa, quien ha expresado su intención de cerrar la entidad debido a cuestionamientos sobre presuntas redes de corrupción que han salpicado su gestión durante la presidencia de Hernán Luque.
El denominado Caso “Gran Padrino” y otras investigaciones de corrupción están actualmente en manos de la Fiscalía, involucrando a EMCO en polémicas que han generado un ambiente propicio para reformas.
Fernando Benalcázar, exviceministro de minas, ha solicitado la derogación del decreto No 163 emitido por el expresidente Guillermo Lasso, argumentando que este habría concentrado demasiado poder en el presidente del directorio de EMCO, facilitando situaciones de corrupción.
Por su parte, Enith Carrión, exviceministra de electricidad, sostiene que cada empresa pública debe estar bajo el control directo del ministerio que rige su área específica. En ese sentido, propone que entidades como Petroecuador deberían ser dirigidas por el ministerio de Energía.
Además de las reformas en EMCO, el gobierno de Noboa ha iniciado una reestructuración en la Vicepresidencia de la República, justificada bajo el argumento de austeridad fiscal.
Estas medidas, destinadas a transparentar la gestión pública y reducir posibles focos de corrupción, han generado un intenso debate en la esfera política y económica del país, evidenciando la voluntad del nuevo gobierno por implementar cambios significativos en las estructuras gubernamentales.
Comments are closed