El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dado un giro inesperado al solicitar al fiscal general, Rodolfo Delgado, que inicie una investigación sobre los funcionarios de su propio Gobierno. Esta acción se enmarca en un presunto aumento en el control y la fiscalización, justo cuando se acerca el término de su mandato para enfocarse en su campaña para la reelección inmediata en 2024.
Durante una transmisión nacional por radio y televisión, Bukele anunció la intensificación de la fiscalización sobre las distintas carteras gubernamentales, destacando su determinación en no ser cómplice de actividades ilegales. Enfatizó la necesidad de una mayor supervisión y transparencia en las acciones del Gobierno, subrayando su compromiso con la legalidad y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Este movimiento sorpresivo del mandatario salvadoreño ha generado diversos comentarios y análisis en el ámbito político del país. La solicitud de Bukele para investigar a los funcionarios de su propio Gobierno representa un cambio notable en la dinámica gubernamental, especialmente considerando su cercanía con la próxima contienda electoral.
La medida ha sido interpretada como un intento por reforzar la imagen de transparencia y honestidad en su administración, proyectando una postura firme contra la corrupción y las actividades ilícitas, en un momento estratégico previo a la campaña para la reelección.
El anuncio de Bukele ha generado expectativas sobre los pasos a seguir y la posible repercusión que podría tener en el escenario político salvadoreño, mientras la opinión pública y los actores políticos observan atentamente cómo se desarrollará este proceso de fiscalización interna en el Gobierno.
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