Las bandas criminales en Ecuador han adoptado una táctica alarmante para captar la atención de menores: repartir regalos durante la época navideña. Esta estrategia, aunque sutil en su apariencia festiva, es una forma peligrosa de involucrar a niños y adolescentes en actividades delictivas, advierte la Policía.
En un reciente suceso en La Yolita, en Daule, Guayas, se difundió un video en redes sociales mostrando un evento aparentemente navideño con niños, animadores y personajes disfrazados, donde un hombre agradeció a bandas criminales como Los Choneros y Los Fatales Daule por su participación.
Este no es un caso aislado. En Bastión Popular, un panfleto firmado por “JK Los Tiguerones” solicitaba la entrega de 500 juguetes en un plazo de cuatro días para los niños del sector. Esta práctica, que pretende perpetuar la imagen del “delincuente amigo”, se ha expandido en provincias como El Oro, Guayas, Manabí y Los Ríos.
El fenómeno de “eventos festivos” organizados por bandas criminales para ganar simpatizantes es preocupante. En un video del 2022, asociado a Los Choneros, se muestra un agasajo navideño a unos 5,000 niños con regalos, comida, música y la presencia de Junior Roldán, alias JR, el segundo al mando de Los Choneros, quien financiaba estos eventos con ganancias de actividades ilícitas.
Esta táctica no es nueva y tiene raíces en estrategias similares usadas por el narcotraficante colombiano Pablo Escobar en décadas pasadas. Expertos en seguridad, como Katherine Herrera, señalan que estas prácticas se han multiplicado en los últimos cinco años, coincidiendo con un cambio en la dinámica delictiva en Ecuador, que ahora enfrenta disputas entre múltiples grupos criminales.
La captación de menores es un objetivo clave para estas bandas. Detrás de los “obsequios” se esconde la tentación de tecnología, dispositivos electrónicos y el uso de la persuasión para involucrar a los jóvenes. Según Herrera, este reclutamiento ha aumentado un 35% en comparación con años anteriores, configurando una forma de trata de personas, donde las amenazas a las familias de las víctimas perpetúan el control de las bandas.
Estos actos no solo ponen en peligro la seguridad de los menores sino que también erosionan la confianza en las autoridades y el tejido social, llevando a comunidades vulnerables a aceptar estas acciones como normales y alejándolas aún más del amparo del Estado.
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