El edificio de la Fiscalía General del Estado, situado en la avenida Patria, al centro norte de Quito, ha sido cubierto por un complejo despliegue de seguridad que incluye vallas metálicas, presencia vehicular táctica y personal armado de la fuerza pública. Estas medidas extraordinarias de protección se han implementado en medio de las celebraciones por el Fin de Año, creando una atmósfera de cautela en torno a la institución.
A pesar de la ausencia de comunicados oficiales por parte de la Fiscalía respecto a estas medidas, fuentes extraoficiales han revelado que el nivel de riesgo en la seguridad de la fiscal general, Diana Salazar, ha alcanzado el máximo, marcando un preocupante 100%. Se han emitido alertas sobre posibles atentados dirigidos no solo hacia la fiscal Salazar, sino también hacia funcionarios de la institución y sus familias.
Estos acontecimientos se suceden en el contexto de investigaciones judiciales lideradas por la fiscal general, especialmente en relación con dos casos significativos: Metástasis, vinculado al narcotráfico, y el caso Independencia Judicial.
Las pesquisas en curso han llevado a la detención de dos autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) y su reclusión en la Cárcel 4 de Quito. Wilman Terán, quien dimitió de la presidencia del organismo, enfrenta procesos en los casos Metástasis e Independencia Judicial. Por su parte, Xavier Muñoz fue aprehendido en las primeras horas del 28 de diciembre en relación con el proceso de Independencia Judicial.
Estas detenciones y las complejas investigaciones lideradas por la Fiscalía han generado un clima de alta alerta en torno a la seguridad de la institución, lo que se refleja en las medidas excepcionales adoptadas para resguardar el edificio y a sus funcionarios en un momento de gran sensibilidad e incertidumbre.
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