En medio de la Consulta Popular planteada por el gobierno, la pregunta número 10 ha generado un intenso debate sobre la política de inmigración y seguridad del Estado. Esta pregunta específica busca reformar los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros con el objetivo de controlar la migración y fortalecer la seguridad nacional.
En caso de que la consulta sea aprobada, se implementaría un cambio significativo en la manera en que se manejan los casos de extranjeros involucrados en delitos dentro del país. Según el Anexo de la pregunta 10, aquellos foráneos que se vean vinculados a actividades delictivas serían sujetos a deportación inmediata, regresándolos a sus países de origen sin demoras.
Esta propuesta ha generado opiniones encontradas. Mientras algunos sectores apoyan firmemente esta medida como un paso crucial para garantizar la seguridad interna, otros expresan preocupación sobre posibles implicaciones y la necesidad de asegurar procesos justos y equitativos para los extranjeros.
El debate sigue en aumento a medida que se acerca la fecha de la Consulta Popular, con grupos de ciudadanos y expertos manifestando posturas diversas respecto a este enfoque hacia la migración y la seguridad del Estado.
Comments are closed