Cinco jueces penales, actualmente en prisión preventiva por el caso Purga, continúan ejerciendo sus funciones hasta que se resuelva su posible enjuiciamiento. Sin embargo, las audiencias en las que debían participar han sido diferidas, lo que afecta a los usuarios del sistema judicial.
Entre los diez jueces que conforman la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, cinco se encuentran bajo prisión preventiva por su presunta participación en el caso Purga. Estos son Fabiola Gallardo, expresidenta del organismo, junto a su colega Johann Marfetán Medina, así como los magistrados Henry Taylor Terán, Guillermo Valarezo Coello y Alberto Lino Tumbaco.
A pesar de haber sido detenidos el lunes y haber cesado en sus funciones, estos jueces mantendrán su competencia mientras dure la instrucción fiscal y hasta que se decida si serán llevados a juicio por delincuencia organizada. Sin embargo, esta situación ha ocasionado la postergación de audiencias programadas, perjudicando a los usuarios del sistema judicial.
Solo el juez Reinaldo Cevallos Cercado, quien también está siendo procesado por el caso Purga pero ha recibido medidas alternativas a la prisión preventiva debido a su avanzada edad, podrá continuar ejerciendo sus funciones hasta la audiencia preparatoria de juicio del caso Purga, momento en el cual se determinará si será enjuiciado.
El Consejo de la Judicatura está actualmente evaluando esta situación, considerada como una emergencia, ya que deberá asignar las causas que estaban a cargo de los jueces detenidos a los magistrados restantes en la sala. Esta medida podría sobrecargar aún más la operación del sistema judicial, ya que cada juez tendría que atender entre 10 y 12 audiencias diarias, una carga de trabajo difícil de gestionar. Es posible que algunas audiencias se superpongan y deban ser pospuestas.
Una opción adicional sería buscar reemplazos en la lista de jueces de segunda instancia, pero se requeriría que estos tengan experiencia en el ámbito penal, lo que podría llevar tiempo implementar.
Por esta razón, Álvaro Román, presidente de la Judicatura, propone otra alternativa: nombrar temporalmente a tres jueces especializados en anticorrupción como jueces provisionales de la Sala Penal. Sin embargo, esta medida requiere la aceptación de los jueces designados.
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