Aunque la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, inaugurada en 2016 con un costo de USD 2.763 millones, no opera al 100% debido a fallas en su construcción, Sinohydro ha presentado reclamos a Celec por incumplimientos durante el proceso de construcción. Estos reclamos se suman a la demanda inicial interpuesta por Celec contra Sinohydro en mayo de 2017 por las numerosas deficiencias en la construcción de la planta.

Sinohydro está solicitando compensaciones económicas a Celec por demoras en la excavación de la tubería de Presión 2 y el retraso en la puesta en operación de la Línea de Transmisión de 500 kV. Aunque el monto específico de la reclamación no ha sido revelado, Celec busca una indemnización de al menos USD 580 millones por los daños ocasionados por defectos en la construcción, incluyendo problemas en el desarenador y el sistema de limpieza de sedimentos del agua del río Coca.

Los problemas en estas obras han obligado a paralizar Coca Codo Sinclair en múltiples ocasiones durante 2024, exacerbando la crisis eléctrica en el país y llevando al Gobierno a programar cortes de luz masivos. Además, Celec reclama un desgaste acelerado en los rodetes de las turbinas debido a la alta presencia de sedimentos.

Sin embargo, los reclamos de Celec no incluyen el costo de la solución definitiva para las miles de fisuras encontradas en los distribuidores de agua de la planta, lo que según la Contraloría pone en riesgo la integridad de la misma casa de máquinas de la hidroeléctrica.

El proceso arbitral se lleva a cabo en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en Santiago de Chile.

En esta acción legal, Guarderas también incluirá a Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachakutik, y a Francisco Suárez Abril, ex candidato a la Prefectura de Tungurahua por la Izquierda Democrática.

Los detalles de estas denuncias serán revelados el próximo jueves 16 de mayo a partir de las 09:00 horas, desde el despacho de su oficina particular en el norte de Quito. Este anuncio coincide con los cuestionamientos públicos de Verónica Abad sobre posibles intentos del Gobierno de Daniel Noboa para destituirla.

Abad, quien también se desempeña como embajadora en Tel Aviv, Israel, recientemente advirtió sobre un supuesto plan en el TCE para removerla de su cargo, lo que podría estar relacionado con su eventual candidatura a la presidencia en las elecciones de 2025.

A pesar de las presiones que afirma estar enfrentando por parte del Gobierno, la vicepresidenta ha declarado que no tiene intención de renunciar.

Mientras tanto, Guarderas ha celebrado en semanas recientes el éxito de sus denuncias por infracción electoral, destacando casos como el del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y el del expresidente del CPCCS, Alembert Vera.

La situación se agrava al descubrir que, lamentablemente, el médico ocupacional también fue parte de los despidos. Esto deja a EP-Emapa-A en una situación comprometida, sin capacidad para proporcionar atención médica a su personal ni para firmar documentos esenciales como certificados de salud ocupacional.

Este obstáculo no solo afecta la capacidad de la empresa para resolver adecuadamente los asuntos relacionados con el personal, sino que también representa un revés en los procesos de desvinculación laboral. Los ex empleados se ven impedidos de recibir la compensación correspondiente por su salida debido a la falta de este certificado médico.

Ante esta situación, se espera que EP-Emapa-A tome medidas urgentes para abordar la carencia de un médico ocupacional y garantizar la atención adecuada tanto a su personal como a los trámites administrativos relacionados con los despidos. La Municipalidad de Ambato y las autoridades competentes están siendo instadas a intervenir para resolver esta preocupante situación en beneficio de todos los involucrados.

El punto de partida y de llegada de esta proeza fue el páramo “La Dormida”, un lugar emblemático en la región. Durante su travesía, Pulamarin recorrió aproximadamente 40 km, enfrentando un ascenso positivo de 3,800 metros y un impresionante desnivel acumulado de 7,200 metros.

Esta gesta deportiva no solo demuestra el talento y la dedicación de Pulamarin, sino también su profundo amor por la naturaleza y su capacidad para superar desafíos extremos. Su logro ha sido recibido con admiración y orgullo por parte de la comunidad deportiva y los habitantes de Cayambe, quienes celebran este hito como un verdadero ejemplo de perseverancia y determinación.

La indulgencia plenaria durante este jubileo se otorgará a aquellos que realicen acciones concretas y generosas, como ayudar en la acogida de inmigrantes, entre otras obras de misericordia. Sin embargo, es crucial comprender que la indulgencia ayuda a limpiar la pena, no la culpa.

El padre Juan Carlos Vásconez enfatizó que dejar de usar las redes sociales, por ejemplo, no implica la remisión de los pecados. Además, subrayó la importancia de cumplir con los requisitos establecidos para obtener la indulgencia plenaria. Estos incluyen la confesión sacramental, la comunión eucarística, la oración por las intenciones del Papa y la renuncia a todo pecado.

En cuanto a las peregrinaciones, se indicó que la indulgencia también se aplicará a las almas del Purgatorio como sufragio. Aquellos que peregrinen a lugares sagrados y asistan a misa podrán beneficiarse de esta gracia. En Roma, será necesario visitar al menos una de las cuatro basílicas papales, mientras que en Tierra Santa se podrá obtener la indulgencia visitando lugares como el Santo Sepulcro de Jerusalén, la Natividad de Belén o la Anunciación en Nazaret.

Según pruebas recopiladas, entre ellas grabaciones de audio, video y conversaciones telefónicas, el General de Policía Víctor Araus habría sostenido diálogos con Correa, donde este último habría expresado su interés en postularse como candidato del correísmo.

Sin embargo, este deseo estaría condicionado a una solicitud sorprendente: la detención de varios exfuncionarios, incluyendo al expresidente Lenín Moreno, su esposa, la exministra de gobierno María Paula Romo, el exsecretario de administración Juan Sebastián Roldán y el exsecretario de comunicación Andrés Michelena.

Ante estas acusaciones, Correa respondió rápidamente a través de sus redes sociales. Adoptando un tono irónico, hizo comentarios sobre su situación, destacando el cambio de roles en el escenario político, donde ahora él figura como implicado en lugar del ex presidente Guillermo Lasso. Este último tiene un familiar relacionado con uno de los procesados en el caso, Danilo Carrera, cuñado del ex mandatario ecuatoriano.

Las revelaciones han generado un revuelo en la opinión pública ecuatoriana, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en este complejo entramado de corrupción y acciones ilícitas.

El Humboldt, que una vez se extendía por 4,5 kilómetros cuadrados, ahora se ha reducido a solo 0,02 km², siendo considerado por los expertos como un “campo de hielo”. La Sierra Nevada de Mérida, que albergaba seis glaciares, ha visto desaparecer su último glaciar en 2024, dejando a Venezuela sin estos cruciales ecosistemas.

Los científicos, que esperaban que el Humboldt resistiera al menos una década más, han quedado sorprendidos por su desaparición prematura, lo que evidencia un cambio climático más acelerado de lo previsto. Esta trágica pérdida posiciona a Venezuela como un aviso mundial sobre las devastadoras consecuencias del calentamiento global.

Maximiliano Herrera, climatólogo e historiador del clima, señala que Venezuela podría ser el precursor de una cadena de pérdidas glaciares en otros países como Indonesia, México y Eslovenia, donde los récords de calor ya están presagiando un futuro sombrío para los glaciares restantes.

La desaparición del glaciar Humboldt no solo tiene un impacto ambiental significativo, sino que también representa una pérdida cultural y científica para Venezuela. Los glaciares son reguladores del clima, fuentes de agua dulce y registros valiosos del cambio climático pasado.

Tres meses después de la consulta popular, el presidente Daniel Noboa ha detallado cinco de las seis preguntas sometidas a votación, centradas en cuatro reformas al Código Integral Penal y una a la Ley de Extinción de Dominio. Aunque podía haber enviado estas propuestas directamente a la Asamblea Nacional, prefirió obtener respaldo popular primero. A continuación, se presentan los detalles de estas reformas.

Incremento de Penas (Pregunta G)

Aprobada con el 67.34% de votos, esta reforma incrementa las penas para delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Las penas se triplicarán, siendo las más radicales para el financiamiento del terrorismo y la delincuencia organizada, con incrementos de 16 y 17 años, respectivamente.

Cumplimiento Íntegro de Sentencias (Pregunta H)

Esta propuesta, que obtuvo el 66.69% de aprobación, modifica los artículos 698 y 699 del Código Penal para que los delincuentes que cometan delitos contra la seguridad pública cumplan toda su sentencia en prisión, sin acceso a regímenes semiabierto o abierto. La reforma añade delitos como:

• Financiación del terrorismo
• Reclutamiento de menores con fines delictivos
• Secuestro extorsivo
• Producción ilícita de drogas
• Minería ilegal
• Tenencia y porte no autorizado de armas
• Extorsión
• Revelación de identidad de agentes protegidos
• Tráfico de influencias
• Testaferrismo

Tenencia y Porte de Armas de Uso Militar y Policial (Pregunta I)

Con el 63.9% de votos, esta propuesta tipifica la tenencia o porte de armas, municiones o componentes de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. La tenencia será sancionada con 10 a 13 años de prisión, y el porte con 19 a 22 años de prisión.

Uso Estatal de Armas Incautadas (Pregunta J)

Aprobada con el 64.06% de votos, esta medida permite que las fuerzas del orden utilicen armas confiscadas a delincuentes. Estas armas, una vez individualizadas y autorizadas por un juez, serán entregadas a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas para uso inmediato, o destruidas si es necesario. El proceso incluye:

• Pericias por parte de la Fiscalía
• Autorización judicial para concluir la cadena de custodia
• Entrega al Comando Conjunto de las FF.AA.

Extinción de Dominio (Pregunta K)

El 61% de votos válidos apoyaron simplificar el procedimiento para que el Estado asuma la titularidad de bienes de origen ilícito o no justificado. La reforma permite iniciar investigaciones y la fase jurisdiccional sin necesidad de sentencia penal condenatoria, aplicable a 17 delitos como concusión, cohecho, peculado, lavado de activos, y tráfico de armas. El proceso incluye una fase preliminar de 30 días y una investigación patrimonial de tres meses.

Esta ley, que entrará en vigencia una vez publicada en el Registro Oficial, define como violencia y acoso laboral todos los “comportamientos y prácticas inaceptables”, incluidas amenazas, que causen “daño físico, psicológico, sexual, económico, político, simbólico o digital” a un trabajador.

Las reformas al Código de Trabajo incluyen la “no desconexión digital”, el desacato al tiempo de descanso, permisos y vacaciones, y la invasión de la privacidad personal y familiar como formas de violencia y acoso laboral.

Esto incluye llamadas o correos fuera del horario laboral por parte de jefes, así como cambios de funciones o puestos que reduzcan el salario sin autorización escrita del trabajador, considerados como “violencia psicológica y patrimonial”, según la ley.

Estos actos pueden ocurrir una sola vez o repetidamente, según el artículo 46.1 de la norma. Las sanciones incluyen multas emitidas por el inspector del Ministerio de Trabajo contra el empleador, sea persona natural o jurídica.

Además, se dispondrán medidas de reparación y apoyo para la víctima, con ayuda de órganos especializados, y medidas de protección para denunciantes, víctimas, testigos e informantes contra “victimización” y “represalias”. También se pueden exigir disculpas públicas del agresor.

Si no se identifican los responsables de violencia o acoso en medios digitales, el empleador debe emitir un comunicado público declarando que se trata de un presunto caso de violencia o acoso.

Montos de las Multas

Aunque la ley no establece un monto específico de las multas, según el Acuerdo Ministerial No MDT 2023-140, las sanciones pueden variar desde uno hasta 20 salarios básicos (USD 460 a USD 9.200), dependiendo de la gravedad de la infracción y el número de trabajadores en la empresa.

El inspector del trabajo determinará la gravedad del acto y el monto de la sanción, según la abogada laboral Vanessa Velásquez. También puede determinar una indemnización económica para el trabajador, y el acoso laboral es una causal de visto bueno contra el empleador.

Si el trabajador gana el visto bueno, el empleador podría ser sancionado con 12 salarios básicos (USD 5.520), como parte de la indemnización al trabajador.

Medidas para Servidores Públicos

Para el sector público, la ley permite a los servidores víctimas de violencia o acoso exigir sanciones pecuniarias contra la entidad empleadora y pedir medidas de reparación y apoyo a través del área de talento humano.

Además, el agresor deberá ofrecer disculpas públicas. El Ministerio de Trabajo otorgará medidas de protección a la víctima, denunciantes, testigos o informantes contra actos de victimización o represalias. Durante la investigación, estas personas no podrán ser cesadas de sus funciones.

La autoridad laboral puede solicitar la suspensión sin remuneración del agresor para evitar la revictimización. Si se comprueban los actos de violencia y acoso, se terminará la relación laboral con el agresor y se indemnizará a la víctima.

La ley también especifica que los servidores públicos no pueden ser obligados a renunciar ni a terminar la relación laboral debido a violencia y acoso, y cualquier terminación laboral por estas causas será considerada nula.

Al igual que en el sector privado, si no se identifican los responsables de violencia o acoso en medios digitales, el empleador debe emitir un comunicado público declarando que se trata de un presunto caso de violencia o acoso.

Alias Toñito había estado encarcelado provisionalmente desde el 23 de abril de este año, tras ser detenido en un operativo militar en el sector Playita Mía de Manta, en la provincia de Manabí. En el momento de su detención, viajaba en un vehículo blindado, dentro del cual se encontraron municiones para pistolas y $7,000 en efectivo.

Las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado sobre la resolución judicial, en el que expresaron su preocupación: “Sale libre (Antonio Adolfo F. M.) una vez más, por lo cual los esfuerzos realizados por Fuerzas Armadas y Policía en la lucha contra los grupos terroristas y crimen organizado que generan violencia y muerte en el cantón Manta se desvanecen”.

Alias Toñito es considerado un objetivo de valor medio por la Fuerza Pública. Según el portal del Consejo de la Judicatura, tiene un historial de detenciones por asesinato, robo, tenencia y porte de armas, asociación ilícita, receptación, entre otros delitos.

Las medidas cautelares dictadas a alias Toñito tras su excarcelación incluyen la obligación de presentarse cada cinco días ante las autoridades judiciales y la prohibición de salir del país.