El documento, elaborado por Pamela Aguirre de la Revolución Ciudadana, sugería al Pleno de la Asamblea continuar con el juicio a Sommerfeld, argumentando que había pruebas suficientes en su contra.

Sin embargo, el informe no fue aprobado. Votaron en contra los oficialistas Luis Alvarado, César Umajinga, Ramiro Vela; Denise Garcés, suplente de Lenín Rogel del Partido Social Cristiano (PSC); y Adriana García de Gente Buena.

A favor votaron los correístas de la comisión Lenin Barreto, Sofía Espín, Ronald González y la propia Pamela Aguirre.

Al no aprobarse el informe, la Ley Legislativa permite que los documentos de quienes votaron en contra sean remitidos al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, quien los pondrá en debate en el Pleno. El plazo para entregar estas posturas era hasta el 4 de agosto, pero el legislador Umajinga informó a Aguirre que ya habían sido enviados.

El informe se trató un día después de lo previsto. Según el cronograma aprobado por la propia mesa legislativa, el plazo para hacerlo era el 1 de agosto. Aguirre solicitó y obtuvo una prórroga de 24 horas.

La asambleísta correísta, Jhajaira Urresta, acusa a Sommerfeld de estar detrás de la incursión policial a la Embajada de México en Quito el 5 de abril, donde se detuvo a Jorge Glas. También la señala de no haber facilitado el salvoconducto al exvicepresidente, con sentencias e investigaciones por corrupción, para viajar a México, país que le concedió asilo político.

Otra causa de tensión diplomática fue el anuncio de que el gobierno de Daniel Noboa entregaría “chatarra rusa” a Estados Unidos a cambio de equipo nuevo de seguridad, lo que generó fricciones con Rusia.

El gobierno de Noboa inició con una alianza en la Asamblea Nacional, donde se unieron con el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC). Esta alianza permitió al gobierno obtener mayoría en comisiones clave como Régimen y Desarrollo Económico, aunque cedieron en otras importantes como Fiscalización. Los primeros meses fueron una “luna de miel” que facilitó la aprobación de sus propuestas legales. Sin embargo, la relación se deterioró rápidamente cuando la bancada de Construye se mantuvo en la oposición y Revolución Ciudadana se unió a ella tras votar en contra de la Ley de Turismo.

Daniel Noboa y Henry Kronfle tienen una historia de cercanía personal y familiar. Esta relación se reflejó en actos públicos y reuniones oficiales, donde Kronfle defendió públicamente a Noboa. Sin embargo, las tensiones aumentaron significativamente después de que la Asamblea votara en favor de la propuesta del PSC para una comisión legislativa, desechando la de ADN. A pesar de los intentos de Kronfle por calmar las tensiones y llamar al diálogo, el gobierno respondió con más hostilidad.

Episodios clave de la pugna

1. Veto a la reforma del Código de la Función Judicial: Noboa vetó una reforma que proponía que los vocales del Consejo de la Judicatura con prisión preventiva pudieran pedir licencia. La Asamblea defendió la reforma y acusó al gobierno de bloquear una iniciativa que buscaba crear más unidades judiciales.
2. Pedidos de comparecencia: Tras el Informe a la Nación, el gobierno denunció la cantidad de pedidos de comparecencia que recibían los ministros, resaltando un exceso de solicitudes de información.
3. Enmienda sobre vetos: La Asamblea aprobó una enmienda que facilita desechar los vetos parciales del Ejecutivo, lo que afecta directamente al presidente Noboa. El viceministro Esteban Torres calificó esta enmienda como “aberrante” y “revanchista”.
4. Caso de Verónica Abad: La ruptura se concretó cuando el Pleno negó el pedido de enjuiciamiento penal a la vicepresidenta Verónica Abad, dejando al gobierno solo en esta iniciativa.
5. Inhabilidad mental: En junio, la bancada oficialista ADN acusó a la oposición de buscar cesar a Noboa por incapacidad mental inhabilitante, aunque esta iniciativa nunca se concretó.
6. Comisión de irregularidades: La Asamblea creó una comisión para investigar supuestas irregularidades en la administración pública, lo que el gobierno consideró una afrenta.
7. Leyes de la consulta popular: La Asamblea aprobó las propuestas de ley derivadas de la consulta popular, desechando las advertencias del gobierno sobre la reducción de penas en el Código Penal.
8. Juicios políticos: El PSC y Revolución Ciudadana adelantaron juicios políticos contra las ministras Gabriela Sommerfeld y Mónica Palencia, dejando pendientes los juicios contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso.
9. Fiscalización a Correa: El oficialismo ha intentado varias veces iniciar investigaciones contra el expresidente Rafael Correa, aunque Kronfle ha defendido que la Asamblea solo puede fiscalizar a funcionarios en ejercicio y hasta un año después.

Según un reporte de Fundamedios, María Sol Borja afirmó que el canal recibió presiones para cancelar el programa. Por su parte, José Cañizares expresó en redes sociales: “Parece que las autoridades del nuevo país, ‘las del cambio’, no soportaron”.

Hasta el momento, RTU no ha emitido ningún comunicado oficial respecto a la cancelación de “Irreverentes”, dejando en incertidumbre tanto a los seguidores del programa como al público en general.

Este incidente ha generado reacciones mixtas y renovadas preocupaciones sobre la libertad de expresión en el país.