El conjuez de la CNJ, Marco Rodríguez, sustituye al juez Javier de la Cadena en esta causa y ha dispuesto que se oficie a la Asamblea para autorizar el enjuiciamiento penal de Galarza.

Autorización de la Asamblea

El artículo 128 de la Constitución establece que los asambleístas gozan de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones. Por ello, se requiere autorización previa de la Asamblea Nacional para iniciar una causa penal contra ellos. El artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que si no se contesta en 30 días la solicitud del fiscal o juez competente para el enjuiciamiento, se entenderá concedida. Basándose en estas normas, Torres ha solicitado que se levante la inmunidad parlamentaria de Galarza.

Acusaciones contra Galarza

Galarza es acusada de calumnia por Torres, quien afirma que la asambleísta se dedicó a desprestigiarlo y mancillar su honor, afectando su buen nombre, desarrollo personal y profesional mediante declaraciones en medios de comunicación digital replicadas en redes sociales.

Las declaraciones que originaron la querella se dieron el 24 de abril de 2024, cuando Galarza acusó a Torres de tráfico de influencias y de beneficiar a su yerno con un cargo en el movimiento ADN en la provincia de Loja, así como de favorecer a su familia con puestos en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Torres confirmó que su yerno lidera el movimiento ADN en Loja, pero negó haber influido en su designación. Además, Torres pide que Galarza sea condenada a pagar 1 millón de dólares por daños y perjuicios y que se le imponga una pena de seis meses a dos años, según el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal, por calumnia.

Este tema será el segundo punto a tratarse en el Pleno de la Asamblea.

Estos contratos pueden ser terminados en cualquier momento por el empleador o el empleado, sin recargos adicionales, con una duración de 1 día a un año y posibilidad de renovación por otro año. Debido a la crisis económica y la caída del consumo en 2024, las empresas han incrementado el uso de estos contratos de corta duración.

La Ministra Núñez destacó que esta modalidad ha provocado inestabilidad laboral y pidió su eliminación. Argumentó que, aunque fueron creados para asegurar la producción y el ingreso durante la emergencia sanitaria, ya no son necesarios y no se alinean con las garantías constitucionales de estabilidad laboral y empleo adecuado.

La derogatoria propuesta asegura que los contratos vigentes se mantendrán hasta su término, pero no podrán renovarse. Además, permitirá retornar a las jornadas laborales habituales, garantizando una remuneración justa para los empleados.

Los ministros son señalados por supuesto incumplimiento de funciones y por la falta de atención o atención incompleta a los pedidos de información relacionados con el fallido proyecto urbanístico en una zona protegida de Olón, en la provincia de Santa Elena.

Con esta recomendación, la comisión concluyó la fiscalización e investigación sobre la protección de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunas de Santa Elena, especialmente en Olón. El informe, aprobado con ocho votos, será remitido al Pleno para una resolución final, donde el oficialismo no cuenta con mayoría.

Además, la comisión solicitó a la Contraloría General del Estado realizar un examen especial al proceso de otorgamiento del registro ambiental a favor de la Empresa Vinazin S.A. basado en el Plan de Manejo Ambiental definido por el operador a través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) para el proyecto urbanístico ECHO, ubicado en Santa Elena.

También se recomendó enviar el expediente a la Fiscalía para investigar posibles infracciones en el proceso de otorgamiento del registro ambiental a la empresa mencionada.

En el análisis de la comisión se precisa que en el área del Esterillo Oloncito existe manglar, según lo establecido en el Acuerdo Ministerial N.° 072 del 30 de noviembre de 2001.

El informe, que no tiene carácter vinculante, será discutido en el Pleno de la Asamblea.

La Asamblea Nacional se hará cargo de todos los costos relacionados con el traslado y estadía de los asambleístas, lo cual incluye transporte, alojamiento y otros gastos logísticos. Según cálculos preliminares, el viaje tendrá un costo mínimo de $70,000 dólares.

Esta iniciativa ha generado diversas opiniones en la opinión pública y en el ámbito político. Algunos consideran que la presencia de la Asamblea en Machala es una forma de honrar la historia y contribuciones de la ciudad al país, mientras que otros critican el gasto asociado al traslado, cuestionando su necesidad y pertinencia en el contexto económico actual.

El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, justificó la decisión afirmando que es una oportunidad para acercar el trabajo legislativo a diferentes regiones del país y fortalecer la conexión entre los ciudadanos y sus representantes. Además, señaló que la sesión en Machala permitirá a los asambleístas conocer de primera mano las necesidades y expectativas de la población local.

La conmemoración de los 200 años de cantonización de Machala incluirá una serie de eventos culturales, históricos y cívicos, en los cuales los asambleístas tendrán la oportunidad de participar. Se espera que la presencia de la Asamblea en Machala no solo resalte la importancia de esta fecha histórica, sino que también impulse el turismo y la economía local durante los días de celebración.

La Asamblea no especificó si dentro del listado se incluye a legisladores. Sin embargo, ya ha notificado a los funcionarios involucrados, con el fin de que resuelvan su situación en un plazo de 15 días, conforme a lo establecido por la ley.

El comunicado subraya la importancia de que los funcionarios regularicen su situación para cumplir con los requisitos legales necesarios para el ejercicio de sus funciones públicas. La mora con entidades públicas es una situación que debe ser corregida para garantizar la transparencia y la legalidad en la administración pública.

La Asamblea Nacional seguirá monitoreando el cumplimiento de este plazo y tomará las medidas necesarias en caso de que los funcionarios no solucionen su situación dentro del tiempo estipulado. Esta acción forma parte de los esfuerzos del Legislativo por asegurar que todos los funcionarios públicos cumplan con las normativas vigentes y mantengan un comportamiento ético y legal en el desempeño de sus funciones.

Una de las disposiciones polémicas aprobadas se relaciona con la ‘desconexión digital’, ahora considerada como una forma de violencia o acoso laboral si no se respeta. Esta medida permite a los trabajadores no estar pendientes de correos electrónicos o teléfonos celulares fuera de su horario laboral, garantizando su tiempo de descanso, vacaciones, privacidad o tiempo personal.

El presidente Noboa objetó esta disposición argumentando que desvirtúa el concepto de acoso laboral al limitarlo solo a los contratos de teletrabajo según lo establecido en el Código del Trabajo.

María Teresa Pasquel, legisladora de la agrupación Gente Buena, expresó su respaldo a la ratificación de los puntos esenciales, destacando su importancia tanto para empleados como empleadores, tanto del sector público como privado. Además, aclaró que la desconexión digital no impide las comunicaciones laborales durante el tiempo libre, siempre y cuando estas no sean excesivas o constantes.

Tras la ratificación de los artículos y el allanamiento a las objeciones presidenciales, el proyecto de ley debe regresar al Ejecutivo para su publicación en el Registro Oficial en un plazo de 30 días. Posteriormente, el Ministerio de Trabajo tendrá 180 días para elaborar el reglamento que regirá la nueva normativa.

En la carta, Celi negó cualquier afiliación o afinidad con el Partido Social Cristiano (PSC), desmontando así uno de los argumentos utilizados por algunos asambleístas para oponerse a la censura y destitución de Murillo. “Para que se les acabe el pretexto y con la finalidad de que se dé paso a una renovación profesional y seria del Consejo de la Judicatura”, expresó Celi como justificación de su renuncia.

Tanto Celi como Fausto Murillo fueron elegidos de la terna enviada por la Asamblea para conformar la Judicatura. Ante la renuncia de Celi y la censura y destitución de Murillo, el Legislativo deberá enviar una nueva terna para reemplazarlos.

La ‘jugada’ de la mayoría parlamentaria resultó efectiva. A pesar de que hasta la noche anterior no se contaba con los 92 votos necesarios para la censura de Morillo y mucho menos para la censura y destitución de Murillo, la renuncia de Celi cambió el panorama. Esto abrió la posibilidad de que la nueva terna para elegir al vocal de la Judicatura se conforme con nombres afines a las bancadas de mayoría.

Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano, consideró que este nuevo escenario es una oportunidad para proponer una terna “del más alto nivel”, con personas que no tengan relación o dependencia con partidos políticos.

Finalmente, la estrategia dio sus frutos con 102 votos a favor de la moción de censura para Morillo y de censura y destitución de Fausto Murillo. Esta votación contó con el respaldo de la bancada correísta, socialcristiana, Acción Democrática Nacional (ADN) y algunos independientes. La algarabía y los festejos no se hicieron esperar entre los asambleístas, especialmente del PSC y el correísmo, quienes celebraron la votación como un triunfo en medio de un ambiente de júbilo y emoción.

Los informes técnicos alertaron sobre la urgencia de realizar mantenimiento a varios equipos y la existencia de desfases que podrían haber llevado a la disolución de la Asamblea. En el presupuesto del año anterior, 2023, se asignaron $51,5 millones, pero tras la implementación de la muerte cruzada por parte del presidente Guillermo Lasso, hubo una reducción del presupuesto en casi un 40%.

El actual presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, criticó esta reducción, señalando problemas administrativos, financieros e institucionales que encontró al asumir su cargo hace poco tiempo. Estos problemas han sido mencionados como parte de las razones detrás de la solicitud del aumento presupuestario para el próximo año.

La comisión estará conformada por un grupo de asambleístas representantes de distintas corrientes políticas:

• Adrián Castro (ADN)
• Mónica Salazar (correísmo)
• Manuel Bohórquez (ADN)
• Luzmila Abad (Pachakutik)
• Edgar Benítez
• Hernán Zapata (Gente Buena)
• Viviana Zambrano (Construye)

La principal tarea de esta Comisión Ocasional será realizar un seguimiento exhaustivo a todas las instituciones públicas involucradas en el esclarecimiento del asesinato de Fernando Villavicencio. Se ha establecido un plazo de 90 días para llevar a cabo esta investigación.

Al término de este periodo, la comisión presentará un informe detallado que incluirá hallazgos, conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación. Este documento será compartido con el Pleno de la Asamblea, permitiendo así una revisión y evaluación de los resultados obtenidos durante la investigación.

El caso del asesinato de Fernando Villavicencio, que ha generado gran consternación en la opinión pública, será objeto de escrutinio detallado por parte de esta comisión especial, buscando arrojar luz sobre los hechos y contribuir al esclarecimiento de este trágico suceso.

La decisión se tomó tras un debate amplio y constructivo, donde se destacaron las capacidades y la trayectoria de la legisladora Castillo Campoverde, quien ha demostrado un compromiso notable con la labor legislativa y una visión integral sobre los desafíos que enfrenta el país en diversos ámbitos.

Construye, como movimiento político, ha respaldado la candidatura de Castillo Campoverde, resaltando su compromiso con la transparencia, la equidad y la eficiencia en la gestión legislativa. Su designación como tercera vocal del CAL ha sido recibida con entusiasmo y expectativa, pues se espera que su participación aporte una mirada fresca y constructiva en la toma de decisiones que impactan en la agenda legislativa y en la gestión administrativa de la Asamblea Nacional.

La aprobación con una amplia mayoría de votos refleja el respaldo y la confianza que la legisladora Castillo Campoverde ha generado entre sus colegas parlamentarios, consolidando así su posición como parte esencial en la conducción estratégica de las labores legislativas.

Se espera que la inclusión de Castillo Campoverde en el CAL contribuya al fortalecimiento de la pluralidad y representatividad en este órgano, consolidando un espacio de diálogo, consenso y trabajo colaborativo para el beneficio del país y de la labor legislativa en general.