La jueza a cargo dispuso que los acusados, quienes se encontraban en la cárcel 4 de Quito, deberán presentarse tres veces por semana ante la Fiscalía de Orellana y tendrán prohibido salir del país. Además, se ordenó su regreso al Fuerte Militar Napo, donde ocurrió el crimen, bajo vigilancia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar.

Al inicio del proceso, los oficiales Xavier Alejandro Pinoargote Vázquez, Freddy Santiago Quintanilla Ayala, John Jairo Mena Mendoza y Ángel Eduardo Jiménez Orozco habían recibido medidas alternativas, pero tras la apelación de la Fiscalía, fueron enviados a prisión preventiva el 17 de julio.

Aidita Ati, una joven de 25 años, fue hallada muerta en su dormitorio en el Fuerte Militar Napo, con signos de estrangulamiento y múltiples lesiones. El examen médico legal reveló que fue retenida y violada antes de su muerte.

El juez Marcelo Cabrera validó las pruebas presentadas por la Fiscalía y condenó al exfuncionario, quien formaba parte de la red criminal del fallecido narcotraficante Leandro Norero.

Además de la pena de prisión, Ángel L. fue multado con USD 5.520 y deberá pagar una reparación económica al Estado ecuatoriano por un monto de USD 11.040. También está obligado a devolver los USD 50.000 que recibió de la organización criminal.

Según las evidencias presentadas telemáticamente por la fiscal Diana Salazar, el exjuez recibió los USD 50.000 de los operadores de Norero para levantar las medidas cautelares sobre los bienes del narcotraficante, incluida su residencia en una urbanización de Samborondón.

El dinero fue gestionado por Helive A., quien ya ha sido condenado y colaboró con su testimonio en Fiscalía. Las pruebas incluyeron chats entre Norero, Helive A., y el abogado Christian R., donde discutían estrategias para recuperar los bienes decomisados.

En enero de 2023, Ángel L. fue destituido de su cargo por el Consejo de la Judicatura y enfrenta un proceso pendiente por presunto prevaricato. Con esta sentencia, se convierte en el sexto condenado en el Caso Metástasis, sumándose a tres policías en servicio activo, un funcionario judicial y un operador de Norero, todos sentenciados mediante procedimientos abreviados.

El 23 de julio también se espera la sentencia contra el exjuez Emerson C., y el 24 de julio está prevista la audiencia de la relacionista pública Mayra S. y Álex P., asesor del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.