Omar J. relató que su conexión con esta red comenzó en 2010, cuando conoció a Lenin Vimos, un abogado riobambeño señalado por la Fiscalía como el cabecilla de la estructura. Ambos compartieron estudios en la Universidad de Chimborazo y, aunque sus caminos se separaron por un tiempo, se reencontraron en 2020. Para entonces, Vimos ya trabajaba como abogado en Riobamba y solicitó a Omar J. que le ayudara con la entrega de documentos legales, pagando entre USD 30 y USD 40 por cada diligencia.

En 2021, Omar J. fue presentado a Xavier A., otro abogado implicado en el caso y también testigo protegido. Xavier A. le ayudó a conseguir un empleo en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). Durante su tiempo en el SNAI, Omar J. se percató de que Vimos estaba involucrado en arreglos ilegales para la liberación de presos. Explicó que en la Cárcel de Turi era conocido que las boletas de excarcelación provenientes de ciudades pequeñas eran fraudulentas, pero se cumplían de todas formas.

A medida que avanzaba el testimonio, Omar J. reveló que Xavier A. intentó establecer su propia “línea” de corrupción judicial, reclutando a detenidos dispuestos a pagar por su libertad y a jueces dispuestos a vender sentencias. En un intento por agilizar las liberaciones, Xavier A. falsificaba documentos, incluyendo certificados médicos que indicaban falsamente que los presos tenían VIH, un requisito que facilitaba su excarcelación por razones de salud.

La red no solo involucraba a abogados, sino también a jueces dispuestos a emitir sentencias a cambio de sobornos. Omar J. detalló un viaje a Portoviejo, donde junto a Xavier A. se reunieron con Banny Molina, un juez investigado por la liberación irregular de figuras como el exvicepresidente Jorge Glas. Molina ofreció medidas cautelares a cambio de USD 25,000, asegurando que serían emitidas por Gina Zambrano, jueza de Montecristi.

El testimonio de Omar J. reveló que la mayoría de los presos liberados ilegalmente pertenecían a bandas criminales, incluidos sicarios y narcotraficantes, quienes pagaban hasta USD 40,000 por su libertad. Vimos, uno de los líderes de la red, trabajaba simultáneamente para las bandas Los Lobos y Los Choneros, temiendo constantemente por su vida debido a los riesgos de sus actividades ilícitas.

La historia de corrupción culmina con la detención de Vimos mientras intentaba huir a Argentina. Omar J., quien comenzó a trabajar en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en enero de 2024, se enteró de su arresto días después y, eventualmente, también fue detenido y vinculado al Caso Plaga.