Salazar afirmó que la Fiscalía actuó conforme a su deber al allanar las oficinas de las juezas Enma Tapia y Katerine Muñoz, quienes ordenaron el traslado de Terán desde la cárcel de máxima seguridad La Roca a la Cárcel 4 en Quito. “No se trata de inconformidad con el fallo, sino de actuar frente a una denuncia presentada”, aclaró la fiscal, negando que la acción fuera una retaliación por el fallo.

Salazar también destacó que la preocupación de la Fiscalía no radica en el traslado de reclusos entre cárceles, sino en las denuncias que señalan posibles actos de corrupción dentro del sistema judicial. “Es nuestra obligación actuar cuando surgen tales denuncias”, añadió.

En relación con el caso Metástasis, en el que Terán está implicado, Salazar reveló que el exjuez sigue ejerciendo influencia dentro de la Cárcel 4. Según la fiscal, Terán ha liderado una campaña para evitar que otros procesados en el caso se acojan a procedimientos abreviados, ya que “él afirma de viva voz que aún mantiene el control de la Corte Nacional de Justicia”.

Salazar advirtió sobre el mensaje que Terán está enviando al sistema judicial, indicando que su control sobre la justicia sigue vigente y que cuenta con el respaldo de sus antiguos compañeros.

En una entrevista con Jeaneth Hinostroza en el programa Vis a Vis, Salazar afirmó que el expresidente Rafael Correa publicó en la red social X detalles de su embarazo, después de que Garzón asistiera a una sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Salazar explicó que informó a la Asamblea sobre su estado de gestación por responsabilidad, proporcionando un seguimiento a su diagnóstico exclusivamente ante el CAL. “Por responsabilidad también di a conocer un seguimiento a mi diagnóstico que, únicamente, fue presentado ante el CAL para que ellos puedan conocer”, dijo la Fiscal.

Salazar indicó que Garzón, tras ser invitada a la reunión del CAL, tuvo acceso a su historia clínica. La Fiscal aseguró que esta información privada fue posteriormente expuesta por Correa en su cuenta de X, acusándolo de utilizar las redes sociales para difamar. Según Salazar, Correa afirmó que había un fraude democrático y reveló las semanas de embarazo, información confidencial.

Gissela Garzón había solicitado al CAL dar seguimiento al pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado sobre el juicio político que impulsa contra Salazar. Después de la denuncia y el inicio de una investigación, Garzón negó tener acceso a la información sobre la Fiscal, afirmando que no es parte del CAL y que fue Salazar quien hizo pública su condición.

Garzón calificó la denuncia de absurda y aseguró que responderá a ella. Según la legisladora, su preocupación radica en el alcance del criterio del Procurador y la capacidad de fiscalización.

Salazar busca determinar la responsabilidad de las personas que entregaron la información a Correa, acusándolas de difamación y mofa de su estado de salud.

El trámite del juicio político fue suspendido el 17 de mayo de 2024, cuando una mayoría en el CAL decidió posponerlo debido a un “embarazo de alto riesgo” de Salazar, respaldado por un pronunciamiento del Procurador General. Garzón expresó que el objetivo es evitar que este proceso quede en el aire y cuestionó los términos y duración de la suspensión.

“¿Cuál es el tiempo de riesgo o cómo se mide el tiempo de riesgo? Porque la capacidad de fiscalización que tenemos nosotros, como asambleístas, es hasta un año después que la autoridad deje el cargo. Entonces, si el riesgo dura tres años, ¿cómo lo vamos a medir? ¿De qué forma lo vamos a establecer, entiéndase en este caso o en cualquier otro?”, declaró Garzón.

Garzón subrayó la necesidad de que el CAL se pronuncie de manera clara sobre la suspensión. Durante una sesión reservada esta semana, se trató el tema, pero no se ha divulgado ninguna resolución. Garzón aclaró que su intención no es interpretar el criterio del Procurador, sino entender cómo este afecta al proceso de fiscalización.

Garzón presentó la solicitud de juicio político en noviembre de 2023, acusando a Salazar de incumplimiento de funciones en 13 causales relacionadas con los casos Sinohidro, INA Papers, Encuentro y las protestas de octubre de 2019, entre otros. La legisladora afirmó que ningún documento presentado por ella alude a la vida personal o íntima de la Fiscal General, respondiendo así a la advertencia de Salazar de no exponer sus exámenes clínicos.

Garzón reconoció que si el juicio político no es tramitado en el actual periodo legislativo, que concluye en mayo de 2025, podría retomarse en la próxima Asamblea. La asambleísta hizo hincapié en la importancia de establecer precedentes claros para futuros procesos de fiscalización, evitando que situaciones similares queden sin resolver.

Los operativos se llevaron a cabo en Santo Domingo de los Tsáchilas, Chimborazo, Azuay, Pichincha y Guayas. Entre los detenidos se encuentran figuras destacadas del sistema judicial, incluyendo al juez penitenciario José Guzmán, arrestado en Santo Domingo, y a la jueza penal Adriana Zarama, en cuyo domicilio en Milagro se decomisaron $11,800 en efectivo, un dispositivo móvil y documentos.

Durante la audiencia de vinculación, realizada en la Corte Nacional de Justicia, la fiscal Diana Salazar argumentó que los detenidos formaban parte de una estructura delictiva que comprometía la integridad del sistema judicial ecuatoriano. Según Salazar, esta red se dedicaba a la venta de decisiones judiciales, beneficiando a políticos corruptos y delincuentes.

Entre los detenidos se encuentran también el exjuez Ángel Lindao, acusado en el caso Metástasis por devolver bienes a la familia del narcotraficante Leandro Norero, y el exjuez Simón García, detenido por liberar ilegalmente a Daniel Salcedo en 2002. Asimismo, el exjuez Banny Molina, conocido por conceder habeas corpus ilegales, también fue aprehendido y enfrenta una sentencia por prevaricato.

Los abogados de los procesados argumentaron en la audiencia que la fiscal no ha presentado pruebas concretas de las transacciones ilícitas y cuestionaron las razones para solicitar la medida privativa de libertad.

La fiscal Salazar enfatizó que se configuró una cúpula criminal que afectó gravemente el sistema de justicia del país, creando un sistema judicial alterno y corrupto. Solicitó además que se active la difusión roja de Interpol para algunos de los acusados.

El caso Plaga ha tenido un impacto significativo, con 31 implicados en total, incluyendo un nuevo grupo de 17 personas que enfrentan cargos. Entre ellos se encuentra el abogado Cristian Romero, prófugo de la justicia, quien también está vinculado al caso Metástasis y lideraba una red de corrupción para obtener sentencias favorables para sus clientes.

En un comunicado emitido la noche del 20 de junio de 2024, la Fiscalía calificó las declaraciones de Terán, procesado en los casos ‘Metástasis’ e ‘Independencia Judicial’, como un “nuevo intento de entorpecer los casos” que la institución está investigando. Terán presentó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional supuestos chats con la Fiscal General, según su testimonio.

La Fiscalía expresó su “más profundo rechazo ante la nueva artimaña, cuyo único objetivo es desprestigiar a la máxima autoridad y contaminar los casos en los que se investiga corrupción y narcotráfico”. El comunicado enfatiza que los dispositivos electrónicos de Terán han sido sometidos a pericias técnicas y que los resultados han sido presentados en audiencias privadas con la participación de las defensas de los involucrados.

Además, la Fiscalía señaló que estas acusaciones buscan “entorpecer el trabajo de la justicia a través de jugarretas políticas que no benefician a la ciudadanía, sino a ciertos movimientos políticos relacionados con los procesados”.

El caso se originó por una supuesta amenaza de Pico a la fiscal Diana Salazar, quien participó en la audiencia de manera telemática por razones de seguridad. En su testimonio anticipado, Salazar relató haber recibido un video en el que se amenazaba con asesinar a su hija menor de edad y posteriormente a ella misma. La voz de la amenaza fue atribuida a Pico tras un cotejamiento de voces.

El 1 de junio de 2022, la fiscal Salazar recibió dos mensajes de texto y un video a través de WhatsApp desde un número extranjero. En el video, un grupo de encapuchados, armados y vestidos de negro, mostraban dinamita y granadas. Uno de los hombres advirtió a Salazar que conocía detalles de su vida personal y amenazó con matar a su hija si no dejaba su cargo “por las buenas”.

La Fiscalía presentó 41 elementos de prueba, incluyendo la colaboración de WhatsApp, que proporcionó la dirección IP del teléfono desde el que se envió la amenaza, ubicada en una cárcel ecuatoriana. Además, se obtuvo información sobre contactos frecuentes de mensajes y llamadas, vinculados con Colón Pico.

Tras recibir la amenaza, Salazar informó a su equipo de seguridad y a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, que inició una investigación. El teléfono de la fiscal fue analizado por Criminalística, donde se extrajo y transcribió el video. Las muestras de voz del encapuchado fueron comparadas con las almacenadas en el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica por Voz (Avis+F), confirmando que la voz correspondía a Colón Pico.

La jueza Catalina Sánchez validó todas las actuaciones del caso y rechazó los pedidos de nulidad presentados por la defensa de Colón Pico. La fiscalía acusó formalmente a Colón Pico, quien ya está detenido en la Cárcel de La Roca en Guayaquil y enfrenta cargos adicionales, incluido el secuestro del hijo de un narcotraficante.

El caso se encuentra en la fase de juicio por intimidación, con la fiscal Salazar actuando también como acusadora particular.

Según el documento, el video es parte de una “estrategia electoral anticipada” por parte de Salazar para adelantar el caso Sobornos como tema de campaña. Para el bufete de abogados, las afirmaciones de la Fiscalía General del Estado son “falacias” y acusan a Salazar de haber “forjado” e “inoculado” pruebas en el caso.

Las respuestas del equipo legal de Correa abordan varios aspectos, desde la designación de jueces hasta la supuesta manipulación de testimonios y pruebas. Desmienten la validez de las agendas de Pamela Martínez y cuestionan la existencia del “influjo psíquico” como forma de responsabilidad penal.

El comunicado, firmado por el grupo Juscogens en Bruselas, Bélgica, desafía punto por punto las afirmaciones de Salazar y defiende la inocencia de Correa y otros acusados en el caso Sobornos.

El caso Sobornos, que se remonta a 2012-2016, ha sido un tema controvertido en la política ecuatoriana. La sentencia inicial condenó a 16 personas, incluido Correa, por cohecho.

Sin embargo, las respuestas del equipo legal sugieren una narrativa diferente, desafiando las bases de la acusación y poniendo en tela de juicio la legitimidad del juicio.

El Programa de América Latina del Centro Wilson ha destacado el compromiso de Salazar con la justicia en Ecuador y la región como la razón para otorgarle esta distinción. Diana Salazar, quien comenzó su carrera como amanuense y llegó a ser Fiscal General, expresó su gratitud por este honor. “¡Muchas gracias por este reconocimiento! Me siento muy honrada. El servicio público es una vocación, con la que seguiremos cumpliendo”, escribió en su cuenta de X.

Benjamin Gedan, director del Programa de América Latina, respondió en la misma plataforma: “El honor es nuestro. Usted representa lo mejor de la justicia regional por su incansable labor haciéndole frente al gran reto del crimen organizado y fortaleciendo las instituciones del Estado”.

Desde 1998, el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, parte del Smithsonian Institution, ha otorgado los Premios Wilson a líderes que trabajan incansablemente para mejorar la calidad de vida de las personas. Estos premios reflejan el anhelo del expresidente estadounidense Woodrow Wilson de utilizar la política para el bien común, y se entregan en dos categorías: servicio público y ciudadanía corporativa, con los ganadores seleccionados por la junta directiva del Centro.

Este reconocimiento se suma al que Diana Salazar recibió de la revista Time, que la incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo.