Los residentes, quienes han ocupado estos terrenos durante entre cinco y diez años, se encuentran en una situación de incertidumbre y desespero. A pesar de que los conflictos de propiedad están en manos de un juez, las familias han recibido notificaciones para justificar su titularidad sobre los predios en disputa. Las autoridades han comenzado a recuperar o demoler viviendas desde el 17 de julio, cuando se inició la intervención gubernamental.

La Secretaría de Asentamientos Humanos ha reportado la recuperación de 127 viviendas, muchas de ellas afectadas por la banda de los Chone Killers, que se ha apoderado y revendido terrenos en la zona. Sin embargo, en al menos tres manzanas del sector, persisten reclamaciones sin resolver desde 2020. Se reporta que incluso varios individuos reclaman ser propietarios del mismo terreno, lo que ha complicado aún más la situación.

Silvia Duche, una abogada afectada, denunció que los reclamos de propiedad están plagados de inconsistencias y que los supuestos propietarios están aprovechando el estado de excepción para presionar a las familias y exigir pagos indebidos. “El juez no ha resuelto porque hay muchas inconsistencias en los lotes reclamados”, señaló Duche.

Duche también hizo hincapié en que los propietarios han presentado una acción de protección desde 2020, pero la falta de claridad en la delimitación de los terrenos ha impedido una resolución definitiva. “Hay terrenos como el lote 11 y el lote 1, de la manzana T, que aún no están claramente definidos”, añadió.

Las familias afectadas carecen de títulos de propiedad formales, pero han sido censadas por la Alcaldía, que está en proceso de regularización de los terrenos. “Hemos hecho mejoras en estos terrenos baldíos con la esperanza de regularizar nuestra situación”, explicó Duche, quien pidió que el municipio continúe con el trámite de regularización.

Para el martes 30 de julio se ha convocado una audiencia crucial a las 08:45, en la que se espera que el juez revise toda la documentación y emita una resolución sobre el litigio. Evelyn Montalván, secretaria de Asentamientos, explicó que el conflicto actual se centra en dos cuadras específicas. Los residentes han solicitado una extensión del plazo para los desalojos, argumentando que las 48 horas para justificar la propiedad de los terrenos vencen hoy, 29 de julio.