El médico también expresó su preocupación por la situación mental y nutricional de Glas, describiendo su estado como “preocupante”. La combinación de problemas físicos y mentales que enfrenta el exsegundo mandatario ha encendido alarmas entre sus familiares y seguidores.

Ante esta situación, el Comité Internacional que exige la libertad de Jorge Glas ha emitido un llamado urgente al gobierno ecuatoriano, pidiendo que se preste atención inmediata al caso y se precautele la seguridad del exvicepresidente. El comité argumenta que las condiciones actuales en las que se encuentra Glas podrían tener consecuencias graves si no se toman medidas oportunas.

Glas se encuentra actualmente detenido en la cárcel La Roca en Guayaquil, cumpliendo una condena por corrupción. Sus abogados y simpatizantes han reiterado en varias ocasiones la necesidad de que se le brinde un trato humanitario y adecuado a su delicada condición de salud.

Detenido desde abril en la cárcel La Roca en Guayaquil, Glas busca ahora que un tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas autorice su traslado a un hospital o a la casa de su madre. La audiencia para resolver si procede la apelación está programada para el 20 de agosto.

La abogada de Glas pidió que como prueba se considere la solicitud del gobierno de México para que Ecuador entregue un salvoconducto que permita su excarcelación. Sin embargo, el 6 de agosto, el gobierno ecuatoriano reafirmó que no concederá asilo diplomático ni otorgará un salvoconducto para que Glas abandone el país.

Esta postura fue reiterada un día después de que México, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitara formalmente a Ecuador el salvoconducto para trasladar a Glas a un tercer país, conforme al artículo XIX de la Convención de Caracas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, en respuesta a la solicitud mexicana, reiteró su postura original expresada el 5 de abril, señalando que no es jurídicamente válido conceder asilo diplomático a Glas, quien aún debe cumplir una pena de ocho años por condenas de corrupción y enfrenta un proceso por peculado.

Por lo tanto, el gobierno ecuatoriano no otorgará el salvoconducto solicitado, amparándose en las convenciones de Asilo Diplomático de 1965 y Asilo Político de 1933.

Glas, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa entre 2013 y 2017 y en los primeros años del mandato de Lenín Moreno, sigue rechazando las acusaciones en su contra, alegando ser un perseguido político y víctima de una campaña de ‘lawfare’.

El exjuez ordenó la restitución de los derechos políticos de Glas el 9 de junio de 2023, un día antes de que se venciera el plazo para que las organizaciones políticas definieran a sus candidatos para la Presidencia de la República en las elecciones extraordinarias. Incluso, la Revolución Ciudadana lo anunció como su candidato presidencial, pero el exvicepresidente declinó la candidatura, que finalmente recayó en Luisa González.

Por esta resolución, el 24 de agosto de 2023, John Rodríguez fue destituido por el Tribunal Contencioso Electoral. La decisión de destituir a Rodríguez fue tomada después de que se determinara que su actuación había violado principios legales fundamentales y había causado un impacto significativo en el proceso electoral.

El juicio por prevaricato que enfrentará John Rodríguez se centra en la acusación de que, como juez, actuó de manera ilegítima al otorgar medidas cautelares a favor de Jorge Glas. El delito de prevaricato, según la legislación ecuatoriana, se refiere a la actuación de un juez que dicta resoluciones arbitrarias y contrarias a la ley, afectando la justicia y el orden institucional.

De ser encontrado culpable, Rodríguez podría enfrentar sanciones severas, incluyendo la inhabilitación para ejercer funciones públicas y penas de prisión. Este caso pone en el centro del debate la integridad del sistema judicial y el uso legítimo de los poderes de los jueces en Ecuador.

El proceso contra John Rodríguez ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial. Organizaciones defensoras de la justicia han señalado la importancia de que los jueces actúen con imparcialidad y apego a la ley. Por otro lado, sectores afines a Jorge Glas y la Revolución Ciudadana han defendido la actuación de Rodríguez, argumentando que la restitución de los derechos políticos de Glas fue justa y necesaria.

Este caso sigue de cerca y se espera que tenga repercusiones significativas en el escenario político y judicial del país. La atención está puesta en el desarrollo del juicio y en las posibles implicaciones que pueda tener para futuras decisiones judiciales relacionadas con derechos políticos y procesos electorales en Ecuador.

Glas, quien enfrenta sentencias pendientes por actos de corrupción en los casos Odebrecht y Sobornos, y una orden de captura por peculado en el Caso Reconstrucción de Manabí, fue trasladado a “La Roca” donde, supuestamente, intentó suicidarse al ingresar. Fue atendido en el Hospital Naval de Guayaquil y, al salir, inició una huelga de hambre que finalizó a fines de mayo.

Pese a sus afirmaciones de que duerme entre ratas, sufre de depresión y padece de artrosis, un informe médico del Ministerio de Salud revela que el ex segundo mandatario recibe frecuentes visitas de doctores. El informe señala: “Paciente estable, con buena implantación de cuero cabelludo, activo, afebril y orientado”.

Este comentario sobre el cuero cabelludo se refiere a un tratamiento al que supuestamente se sometió mientras estuvo en la Cárcel de Latacunga. No obstante, nunca se esclareció con qué autorización se realizó el tratamiento ni cómo se llevó a cabo dentro de su celda.

Además, Glas ha recibido medicación para sus patologías preexistentes y vitaminas vía intravenosa durante su huelga de hambre. Esta información aclara que, a pesar de sus quejas y del entorno adverso, su estado de salud es adecuado y está siendo monitoreado constantemente por profesionales médicos.

Daniel Salcedo, procesado por el Caso Metástasis y cooperador eficaz en el Caso Purga, compareció ante la Corte Nacional de Justicia bajo fuerte resguardo policial y militar. A las 09:32, alias ‘Bellito’ comenzó su relato, uno de los testimonios más esperados por la Justicia ecuatoriana.

Salcedo reveló que mientras estaba en la cárcel 4 de Quito, el abogado Cristian Romero, prófugo del Caso Metástasis, lo reunió con Jorge Glas y les informó de los montos a pagar por su libertad. Salcedo debía pagar 150 mil dólares, y cuando preguntó sobre el monto para Glas, Romero mencionó que de eso se encargaba alguien llamado Virgilio, cuyo apellido Salcedo no pudo recordar completamente.

En relación a las sumas de dinero solicitadas por jueces, Salcedo mencionó que el juez Byron Guillén le pidió 140 mil dólares para favorecer su causa por lavado de activos. Aunque Salcedo pagó 70 mil dólares, el caso no le benefició y exigió la devolución de su dinero. Guillén devolvió parte del dinero, pero aún le debía 10 mil dólares.

Salcedo también explicó su motivación para cooperar con la justicia, destacando la protección de su hermano Noé Salcedo, quien está encarcelado. Salcedo mencionó que Leandro Norero, quien protegía a su hermano, era clave en su decisión de colaborar. Además, afirmó que en septiembre de 2024, su hermano tendrá una audiencia de juicio y el juez a cargo le habría solicitado 40 mil dólares para un veredicto favorable.

Daniel Salcedo solicitó ser testigo protegido para que los jueces dejen de necesitar incentivos económicos para declarar inocente a alguien.

Contexto:

Daniel Salcedo fue liberado bajo prelibertad en diciembre de 2022. En 2023, fue vinculado al Caso Metástasis, huyó a Panamá, y fue extraditado y trasladado a la cárcel La Roca, donde se encuentra actualmente encarcelado.

La denuncia fue interpuesta en la Embajada de México en España y también incluye a Mónica Palencia, ministra del Interior; Rita Anabel Bravo, jueza nacional de la Corte Nacional de Justicia; César Zapata, comandante general de la Policía, y Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En una entrevista con el diario El País de España, Bárcena explica que México no puede tolerar la violación de la inmunidad de su recinto diplomático, un acto que considera una ruptura flagrante del derecho internacional. La situación ha llevado a México a acudir a la Corte Internacional de Justicia, mientras Ecuador ha respondido con una contradenuncia, argumentando que el asilo a Glas va en contra de los principios establecidos al no ser considerado un perseguido político.

Bárcena defiende la concesión del asilo, basándose en el artículo cuarto de la Convención de Caracas, que permite otorgar asilo político si hay un riesgo vital por persecución política. Destaca que México no actuó unilateralmente, sino que dialogó con Ecuador antes de otorgar el asilo, solicitando incluso un salvoconducto para Glas que incluyera la posibilidad de solicitar su extradición.

La canciller señala que el conflicto se desencadenó tras una conferencia del presidente López Obrador, donde mencionó la violencia en los procesos electorales latinoamericanos, citando el caso ecuatoriano. Ecuador declaró persona non grata a la embajadora mexicana como respuesta.

Bárcena critica la actuación de Ecuador, calificándola de inexperiencia y mal cálculo. Sin embargo, señala que México está dispuesto a dialogar si Ecuador entrega a Glas, lo que podría abrir la puerta a una resolución del conflicto diplomático.

El juez autorizó la exhibición, reconocimiento, preservación, extracción, análisis, materialización y transcripción de la información contenida en los dispositivos como parte de la investigación del caso Reconstrucción de Manabí. Esto permite a los peritos investigativos de la Fiscalía proceder con la extracción de la información, ahora con luz verde nuevamente.

Durante la conferencia de prensa matutina del lunes 22 de abril, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, manifestó el compromiso del gobierno mexicano en este tema. “Estamos haciendo todo el análisis de cómo podemos acelerar que nos entreguen a Jorge Glas y que le den el salvoconducto respectivo”, señaló.

Se están llevando a cabo diversas acciones para lograr la liberación de Glas. Bárcena informó que se están realizando gestiones ante el Consejo de Derechos Humanos y se está evaluando la aplicación de la Convención de Caracas para garantizar su traslado a México con un salvoconducto.

Además, se ha solicitado apoyo a terceras embajadas, como la de Suiza, y a la nunciatura, quienes se han ofrecido a visitar a Glas y gestionar su entrega a México.

La controversia se desató después del allanamiento policial a la Embajada de México el 5 de abril, con el objetivo de trasladar al exvicepresidente Glas, quien se encontraba resguardado ahí desde diciembre. Esta situación se ha agudizado tras un fallo del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que declaró ilegal y arbitraria su detención dentro de la sede diplomática. Sin embargo, Glas sigue encarcelado debido a condenas pendientes por casos de corrupción, como el de Sobornos y asociación ilícita en el caso Odebrecht.

En una carta enviada el 15 de abril al presidente López Obrador, Glas solicitó ayuda y denunció estar en “la peor prisión de Ecuador”, declarándose en “huelga de hambre”.

Durante una conferencia matutina con periodistas, el presidente mexicano fue abordado sobre el tema por una reportera de Univisión, quien señaló que su carta tenía la misma fecha y que Ernesto Samper, exmandatario colombiano, se encargó de hacerlas llegar a sus destinatarios. La abogada del equipo internacional de Jorge Glas, Sonia Vera, confirmó la autenticidad de las cartas.

En una lectura de la carta dirigida a López Obrador, se destacaba el agradecimiento por el asilo otorgado y se expresaba una petición desesperada: “Le pido perdón como ecuatoriano, estoy en la peor prisión de Ecuador y en huelga de hambre, ayúdeme. Aquí hay una persecución brutal contra todos los progresistas. La ayuda internacional puede hacer algo”.

López Obrador declaró no tener conocimiento previo de la carta y prometió verificar si había sido recibida por la cancillería mexicana. También recordó la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia para asegurar el respeto al derecho de asilo y la suspensión de Ecuador ante las Naciones Unidas hasta que se ofrezca una disculpa y un compromiso de no repetición. Anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores se comunicará con otros países para velar por la salud de Glas y asegurar su derecho de asilo.

El presidente mexicano aclaró que este conflicto no es dirigido contra el pueblo ecuatoriano, sino una crítica hacia la gestión gubernamental del país, calificándola de irresponsable.