En esta audiencia, en la que se decidirá cuántos de los 37 procesados serán llamados a juicio por delincuencia organizada, los defensores de varios acusados coincidieron en denunciar que el proceso está “contaminado”. Señalaron que el conjuez Manuel Cabrera, quien preside la audiencia, ya ha dictado sentencias en procedimientos abreviados contra otros implicados, lo que, según ellos, compromete su imparcialidad.

Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, argumentó que el caso está viciado por un “fraude procesal”. Denunció que se ha violado el derecho a la defensa, mencionando específicamente la falta de acceso a pruebas clave, como los testimonios anticipados y la explotación de los celulares del narcotraficante Leandro Norero, pruebas que fueron cruciales para destapar esta red de corrupción que involucra a jueces, policías y exasambleístas.

La Fiscalía, representada por el subrogante Wilson Toainga, defendió la validez de todo lo actuado durante la fase investigativa, postura respaldada por la Procuraduría, que participa en el proceso como víctima.

El caso Metástasis, que inicialmente involucró a 52 personas, ha visto su número de procesados reducirse a 37, tras sobreseimientos y acuerdos de procedimientos abreviados que otorgaron penas reducidas a 12 imputados. Sin embargo, las acusaciones de irregularidades y la solicitud de nulidad han puesto en duda el curso de esta emblemática investigación judicial.

La audiencia se suspendió a las 20:14, tras la intervención de 20 de los acusados, y se reanudará el viernes 16 de agosto, a las 9:00, cuando se espera que el conjuez Cabrera resuelva sobre las nulidades planteadas y determine cuántos procesados serán llamados a juicio.

Romero, conocido por supuestamente pagar sobornos para obtener fallos judiciales favorables a sus clientes, entre ellos el narcotraficante Leandro Norero, habría ofrecido a Joffre R. ayuda para resolver un expediente disciplinario que enfrentaba en el Consejo de la Judicatura. Este expediente estaba relacionado con la liberación irregular de dos condenados por tráfico de migrantes.

A cambio de esta ayuda, Romero le habría pedido al juez que dictara medidas cautelares en favor de Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Estas medidas, bajo conocimiento de Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, habrían tenido como objetivo permitir el retorno de Correa al país y su participación en las próximas elecciones presidenciales.

Esta revelación añade una nueva dimensión al caso Plaga, destacando la presunta manipulación del sistema judicial para beneficiar a figuras políticas de alto perfil.

Entre los sentenciados se encuentran figuras clave como Mayra Salazar, Daniel Salcedo y el alias ‘Estimado’. Ocho de los procesados aceptaron su culpabilidad y recibieron penas de 40 meses de prisión. Otros cuatro lograron una doble rebaja de pena gracias a su cooperación eficaz, lo que sugiere que han proporcionado información valiosa para desmantelar la estructura criminal.

Este desarrollo es visto por la Fiscalía como un “triunfo” en su lucha contra la delincuencia organizada. Los procedimientos abreviados permiten una resolución más rápida de los casos y, en este contexto, han facilitado la obtención de sentencias sin necesidad de un juicio prolongado.

El conjuez Manuel Cabrera será el encargado de decidir cuántos de los 37 procesados restantes irán a juicio por el presunto delito de delincuencia organizada. La expectativa es alta, ya que la estructura liderada por ‘El Patrón’ Norero ha sido señalada como una de las más poderosas y peligrosas en la región, con ramificaciones que afectan tanto a la justicia como a la seguridad del país.

Además de los 12 sentenciados, la Fiscalía ha optado por no acusar a tres personas más, lo que deja a 37 procesados que enfrentarán el procedimiento ordinario a partir del lunes 12 de agosto.

Este caso sigue generando controversia y debate, con algunos sectores cuestionando si las sentencias reducidas realmente sirven a la justicia o si representan una forma de impunidad para los involucrados en graves delitos de corrupción.

La tarde del 18 de julio de 2024, el conjuez Manuel Cabrera dictó la sentencia contra Helive Angulo, reconocido colaborador de Leandro Norero, reduciendo su condena a 15 meses de prisión. Angulo, acusado de administrar los bienes del narcotraficante desde la Cárcel de Cotopaxi, aceptó su participación en la estructura de delincuencia organizada dirigida por Norero, según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, respaldada por 36 elementos de convicción.

El fallo también impone a Angulo el pago de una multa de USD 5.520 y una reparación integral de USD 11.040 a favor de la Procuraduría General del Estado. Actualmente, Angulo ya ha cumplido siete meses de su pena desde su detención el 14 de diciembre de 2024, lo que lo mantendrá tras las rejas hasta marzo de 2025.

Este fallo marca un nuevo capítulo en el caso Metástasis, donde Angulo se convierte en el tercer sentenciado, después de Gabriel García y Lenin Mazón, condenados anteriormente por colaboración con la red de Norero.

En la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el 17 de julio de 2024, se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado contra alias ‘Estimado’ en el caso Metástasis.

En el tercer día de procedimientos abreviados del caso Metástasis, fue el turno de Helive Angulo, conocido como ‘Estimado’. Angulo ha sido identificado como el hombre de confianza y administrador de los bienes de Leandro Norero, alias ‘El Patrón’.

Antes del inicio de la audiencia, el conjuez Manuel Cabrera, encargado de los juicios rápidos en este proceso por delincuencia organizada, recordó que Angulo es testigo protegido de la Fiscalía, por lo que está prohibido fotografiarlo o grabarlo de frente.

Wilson Toainga, fiscal general subrogante, fue el primero en intervenir. Explicó que la pena máxima en el caso Metástasis es de 10 años de cárcel. Según las reglas del Código Orgánico Integral Penal (COIP), es posible aplicar un procedimiento abreviado.

Debido a la aceptación de culpa por parte de ‘Estimado’ y su colaboración con el proceso, la Fiscalía, a través de Toainga, solicitó tres años y cuatro meses de cárcel para el procesado, de los cuales ya ha cumplido siete meses en prisión.

Además, el Ministerio Público pidió que se imponga una multa de USD 5.520 y el pago de una reparación integral material a favor de la Procuraduría General del Estado (PGE), en calidad de víctima.

El presidente encargado de la Corte, José Suing, notificó a Cabrera de su nueva responsabilidad tras un sorteo realizado el 26 de junio. Esta decisión se tomó después de que Córdova se excusara el 28 de junio, citando “conductas hostiles” de Terán y Daniel Salcedo, otro de los procesados.

El 1 de julio, Suing remitió el expediente a Cabrera, que consta de 56 cuerpos y 9.045 fojas, para su revisión antes de la audiencia de llamamiento a juicio. Cabrera deberá resolver el 15 de julio los procedimientos abreviados de 13 de los 52 procesados que han aceptado su culpabilidad y buscan penas reducidas.

Además, escuchará la acusación de la Fiscalía y determinará cuántos de los otros 39 imputados irán a juicio por delincuencia organizada. El caso Metástasis investiga la existencia de una estructura delincuencial liderada por el narcotraficante Leandro Norero desde la Cárcel de Latacunga, con el objetivo de obtener fallos judiciales irregulares.