En un comunicado emitido este miércoles, 14 de agosto de 2024, Sensi-Contugi calificó la denuncia, que solicita la destitución de Noboa y su inhabilitación política por cuatro años, como “un burdo intento de desestabilización” y “un claro intento de golpe de Estado”. El ministro, quien raramente se pronuncia públicamente, afirmó que esta acción deslegitima la voluntad popular expresada en las urnas y busca impedir la participación electoral del presidente.

Sensi-Contugi también criticó a quienes respaldan la denuncia, señalando que su comportamiento revela “un desprecio vergonzoso” hacia la democracia. Según el ministro, estos actores están aliados con “la vieja política” y buscan acceder al poder a cualquier costo.

La canciller Gabriela Sommerfeld también se sumó a las críticas, manifestando en la red social X que la denuncia es “un golpe de Estado disfrazado de sanción electoral” que solo busca generar inestabilidad en el país. Sommerfeld expresó su total respaldo al presidente Noboa, elogiando su firmeza en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

La denuncia de Abad, presentada la semana pasada, no solo involucra a Noboa, sino también a la canciller Sommerfeld, al viceministro de Gobierno Esteban Torres, y a la asesora presidencial Diana Jácome. Abad acusa a los cuatro funcionarios de violencia política de género, un delito que podría acarrear la suspensión de derechos políticos, destitución, y multas.

El TCE, que enfrenta sus propios conflictos internos, será el encargado de decidir sobre la admisión de la denuncia. La causa fue asignada al juez Fernando Muñoz, quien deberá determinar si la denuncia cumple con los requisitos necesarios para proceder con el trámite.

Este caso ha generado una fuerte polémica en el ámbito político, con posibles repercusiones significativas para el futuro del gobierno de Noboa y la estabilidad del país.

“Reitero que todo lo afirmado sobre el tema es falso. Jamás he manejado recursos o fondos de la campaña para mi supuesto beneficio ni el de otros, ni el de mi familia”, declaró Abad desde Israel, donde cumple funciones como embajadora. Explicó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) asigna el presupuesto para las campañas y que la tesorería de cada organización política es responsable de su administración.

Abad fue convocada tras las declaraciones del secretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong, quien en junio mencionó que ciertos empresarios denunciaron que ella recibió dinero a nombre de Noboa. Wong afirmó que nunca solicitaron esos fondos y que la situación provocó el distanciamiento entre Noboa y Abad hacia el final de la campaña electoral.

La vicepresidenta ha acusado a Daniel Noboa de hostigamiento para forzar su renuncia y evitar que asuma temporalmente la Presidencia en caso de que él busque la reelección en los comicios generales de febrero del próximo año. Abad también rechazó el encarcelamiento provisional de su hijo, Sebastián Barreiro, acusado de ofrecer un cargo público a cambio de dinero.

Abad anunció que presentará una acción por violencia política contra el presidente Noboa, esperando el respaldo de un “pueblo consciente”. Además, ha criticado su misión en Israel, país en conflicto con la organización palestina Hamás.

El proceso continuará con la audiencia en la que el fiscal de la Unidad de Transparencia, Carlos Alarcón, emitirá su dictamen sobre Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, y su asesor, Daniel Redrován. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio está programada para los días 11, 12 y 13 de septiembre, a las 10:30, según la providencia de la jueza.

Sin embargo, el caso presenta un dilema: mientras Sebastián Barreiro está en libertad bajo fianza y ubicado por la justicia, su asesor, Redrován, está prófugo. Desde el miércoles pasado, se ordenó su prisión preventiva por incumplir la presentación periódica ordenada el 20 de junio, durante su vinculación al caso. Se supo que Redrován viajó a Israel el mismo día que Verónica Abad, en diciembre de 2023, después de ser nombrada embajadora de Ecuador por la paz. Además, registró otra salida de Perú a España a finales de ese mismo mes. Redrován ya tenía prohibición de salir del país por otro proceso, según Ecuavisa.

Una de las últimas diligencias en el caso Nene fue el testimonio anticipado del denunciante, Rommel Pérez, hace una semana. En su versión, Pérez ratificó que Sebastián Barreiro y Daniel Redrován le solicitaron dinero a cambio del puesto de Coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia. También detalló un viaje en jet con Verónica Abad, Redrován y su familia. Este testimonio será utilizado como prueba en el juicio del caso Nene y podría desencadenar una investigación contra la vicepresidenta Abad cuando deje el cargo, dado que la Asamblea no permitió levantar su inmunidad.

Abad reconoció que ha sido difícil “mirar a la cara” al embajador de México en Israel tras el asalto a la embajada mexicana en Quito, donde fue detenido Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa. El ataque, ordenado por Noboa el 5 de abril, buscaba arrestar a Glas, a quien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había otorgado asilo diplomático pese a contar con una orden de detención por corrupción.

La Constitución ecuatoriana estipula que en caso de ausencia temporal del presidente, el vicepresidente debe asumir sus funciones. Abad consideró el asalto a la embajada como “inconcebible” y una “vergüenza” para Ecuador, instando a un diálogo serio para resolver la situación diplomática.

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado dialogar con Ecuador. Sin embargo, Abad expresó su intención de analizar toda la información disponible y buscar un acercamiento, sugiriendo visitas bilaterales o intermediaciones como posibles soluciones.

México y Ecuador se han demandado mutuamente en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, acusándose de violar convenios internacionales sobre relaciones diplomáticas. Además, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, enfrentará un juicio político en la Asamblea Nacional debido al asalto a la embajada mexicana.

La audiencia se realizó en el Complejo Judicial del norte de Quito. Según la Fiscalía, el testigo afirmó que Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, y Daniel R. le solicitaron dinero a cambio de una oferta laboral en esa institución.

El testigo también mencionó detalles sobre un viaje en jet en el que habrían participado el procesado Daniel R., la vicepresidenta Abad y su familia.

La Fiscalía considera este testimonio anticipado como un elemento que refuerza la investigación para determinar responsabilidades penales.

Las investigaciones continúan, aunque la Asamblea Nacional negó la autorización para el procesamiento penal de Verónica Abad, quien fue designada a la Embajada de Ecuador en Israel al inicio del Gobierno de Daniel Noboa.

En un comunicado, el TCE informó que la audiencia oral única de pruebas y alegatos se realizará el próximo 15 de agosto a las 10:30 en el auditorio del tribunal en Quito. En el escrito de resolución, se especifica que “si la denunciada no comparece en el día y hora señalados, y no justificare su inasistencia”, la audiencia “se llevará a cabo en rebeldía” y su defensa será asumida por un defensor público. En caso de que el denunciante no compareciere, su ausencia se entenderá como abandono de la denuncia.

Verónica Abad actualmente reside en Israel, donde funge como embajadora de paz desde diciembre de 2023.

Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), presentó la demanda por una supuesta irregularidad en las elecciones locales de febrero del año pasado, cuando Abad se presentó como candidata a alcaldesa de Cuenca. Según Guarderas, Abad hizo campaña electoral fuera del periodo establecido, una acusación que la vicepresidenta ha calificado de “ridícula”.

La normativa electoral establece que todo trámite en el TCE requiere el patrocinio de un abogado. Guarderas presentó un escrito para este fin, pero el abogado negó haber suscrito el documento completo.

Si Abad es sancionada, se le retirarían los derechos políticos, impidiéndole ejercer cualquier cargo público.

Abad, quien mantiene un conflicto con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha cuestionado la denuncia de Guarderas, acusándolo de visitar frecuentemente la Presidencia. La vicepresidenta también ha reiterado que enfrenta hostigamiento por parte de Noboa y su gobierno para forzarla a dimitir y evitar así delegarle funciones presidenciales si el mandatario decide buscar la reelección en los comicios de 2025.

A inicios de julio, Noboa sugirió que Abad renunciaría por cuenta propia. Además, el 15 de junio, la Asamblea Nacional negó levantar la inmunidad de Abad para ser investigada por la Fiscalía por un posible delito de concusión, un caso que ella considera un acto de presión política.

Según Citi Research, parte de Citigroup, la estabilidad política es ahora crucial para continuar las reformas económicas y enfrentar los desafíos de seguridad. Ernesto Revilla, economista jefe de Citi Research para América Latina, destacó que los mercados están enfocados en el proceso electoral y las posibilidades de reelección del presidente Daniel Noboa en 2025, tras un año y medio en el poder.

Además, la relación entre el presidente Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad está bajo escrutinio. Abad ha denunciado presiones para renunciar y se opone a decisiones clave de la administración de Noboa, como el aumento del IVA y la eliminación de subsidios a las gasolinas, medidas necesarias para la consolidación fiscal según el acuerdo con el FMI.

Revilla señala que, aunque los inversionistas están cautelosamente optimistas sobre el acuerdo con el FMI, siguen atentos a la implementación de los compromisos asumidos por Ecuador. Una correcta implementación podría facilitar una emisión de bonos externos en 2025, siempre y cuando se mantenga un contexto económico global favorable.

Citi Research concluye que los fundamentos macroeconómicos de Ecuador están bien comparados con la última década, gracias a las medidas fiscales y la focalización de subsidios implementadas por el gobierno de Noboa.

El pasado 19 de junio, el juez Viteri otorgó un plazo de dos días a Manuel de Jesús Peñafiel, presidente de la organización no gubernamental Corte de Justicia Indígena, para que precise y complete su escrito. Viteri solicitó que se especifique claramente la causal en la que se basa la denuncia.

La denuncia llega después de que la Asamblea Nacional rechazara procesar a Abad por supuesta concusión. En su escrito, el juez Viteri señaló que el denunciante manifestó interponer un recurso subjetivo contencioso electoral y simultáneamente fundamentó su queja en lo dispuesto en el Código de la Democracia, acusando a Abad de concusión.

El plazo otorgado para aclarar la denuncia venció el pasado viernes, y hasta este lunes, 24 de junio de 2024, el juez no ha emitido una nueva resolución.

Esta es la segunda denuncia que enfrenta Abad en el TCE. La primera fue presentada por Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana, quien la acusó de campaña anticipada en los comicios seccionales pasados. Guarderas también enfrentó un contratiempo cuando fue acusado de falsificación de firmas.

El caso sigue en desarrollo y se espera una resolución en los próximos días.

En una rueda de prensa en Quito, Torres afirmó que el Gobierno se mantendrá atento al trámite y votación en la Asamblea, pero no activamente buscará los votos necesarios para iniciar un proceso penal contra Abad. “Vamos a estar atentos para ver quién es quién en la Asamblea, pero no es que vamos a buscar los votos”, declaró Torres.

Para autorizar el enjuiciamiento penal del Presidente y la Vicepresidenta de la República, la Constitución exige la aprobación de dos tercios de los legisladores, es decir, 91 votos. Torres adelantó que en la Asamblea pueden darse dos escenarios: obtener los votos necesarios o permitir una autorización tácita al negarse a tratar el tema.

Torres también señaló que no se ha considerado retirar funciones a Abad, quien desde diciembre de 2023 actúa como embajadora de paz en Israel. El Gobierno espera las decisiones de la jueza Daniella Camacho y la Asamblea Nacional respecto al caso.

En el caso Nene, Verónica Abad, su hijo Sebastián Barreiro y su asesor Daniel Redován son investigados por supuestamente exigir parte del sueldo de un funcionario de la Vicepresidencia a cambio de estabilidad laboral.

El Viceministro también mostró una postura conciliadora con el Legislativo, destacando la “posición positiva” de la Asamblea al aprobar el informe para el primer debate de las leyes derivadas de la consulta popular. “La Asamblea Nacional y la Comisión han respetado el dictamen de la Corte Constitucional y además las preguntas propuestas por el presidente de la República. Eso es lo que tiene que hacer: trabajar por el país y no conspirar contra el gobierno o el Presidente”, enfatizó Torres.

Además, Torres advirtió que estarán atentos a las decisiones de los legisladores sobre el veto parcial a las reformas al Sistema de Seguridad Social y criticó las amenazas de juicio político contra cuatro ministros por no acudir a la Comisión de Gobiernos Autónomos para discutir el proyecto inmobiliario en Olón.